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Asocio público-privado y el transporte público

Estas unidades, si bien poseen mejoras en su infraestructura, apenas resuelven el problema de la ineficiencia y baja calidad del transporte público.
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Asocio público-privado y el transporte público

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La extensión territorial de El Salvador delimita o potencia las capacidades que tiene el Estado de realizar una buena planificación urbana. La mayoría de zonas de producción y consumo se concentran en San Salvador y nuestro sistema de transporte colectivo no responde a esta necesidad de movilidad interna. Una solución a lo antes mencionado implicaría la intervención del Estado en su planificación y administración, así como la colaboración de este mismo en la asociación de entidades públicas y privadas.

Es importante mencionar, que por motivos de claridad hemos dejado fuera del análisis el diseño y administración del SITRAMSS.

Primero, al hablar de asocio público-privado para la mejora del transporte colectivo, existen tres grandes componentes que se deben analizar: gastos de inversión, rentabilidad y eficiencia como calidad del mismo. Actualmente, contamos con un transporte colectivo cuya administración es privada y que además, recibe subsidio por parte del Estado. Ahora bien, el Estado proporciona facilidades e incentivos económicos a un transporte ineficiente y de baja calidad, el cual, genera ganancias a sus respectivos dueños, pero no responde a la necesidad de movilidad de las personas que usan el servicio.

Además, en un intento de dar solución a dicha situación, el Gobierno ha apoyado la adquisición de unidades nuevas para el transporte colectivo. Estas unidades, si bien poseen mejoras en su infraestructura, apenas resuelven el problema de la ineficiencia y baja calidad del transporte público.

Debido al endeudamiento público, el Estado salvadoreño no se puede permitir invertir por sí solo en un transporte de calidad al servicio de los ciudadanos. Un primer paso, es buscar financiadores que estén dispuestos a realizar una inversión compartida, cuyas ganancias sean distribuidas entre ambos inversores. Servicios como la electricidad, el agua y el transporte público siempre generan una rentabilidad exponencial y argumentar que la distribución de las ganancias entre el Estado y los inversores no es viable, es priorizar el lucro ante la calidad de los servicios ofrecidos a la población.

Por lo tanto, no se trata de solo mejorar la calidad del transporte, sino de que este sea eficiente al movilizarse dentro de la ciudad, utilizando áreas estratégicas de circulación que den prioridad a los ciudadanos que no utilizan vehículos propios. En otras palabras, generar una solución compartida y no un problema integral.

Finalmente, es importante volver a generar confianza en los usuarios del transporte público, ya que esto garantizará un uso adecuado del mismo y el respeto de las normas viales.

Hasta ahora, ha quedado evidenciado que la administración privada del servicio no ha garantizado la eficiencia ni la eficacia y que el Estado no posee la capacidad de asumir y absorber el funcionamiento del transporte público (o quizás hace falta mucha voluntad política para hacerlo). Tampoco se trata de crear situaciones antagónicas entre lo público y privado. Sino de generar una apuesta en común, en la cual sean beneficiados los ciudadanos y se garantice la rentabilidad del mismo.

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