Ataques a la sociedad civil organizada

En nuestra última columna manifestamos nuestra enérgica condena a las acciones de espionaje que, hasta ese momento, se habían verificado en las instalaciones de FUSADES y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
Enlace copiado
Enlace copiado
En esa oportunidad expresamos que el espionaje y el acoso político no deben existir en una democracia que ha costado tanto esfuerzo construir y que debe ponerse un alto inmediato a esas acciones. Hicimos además una exhortación a las autoridades para que se esmeraran en dar con los responsables y aplicarles las medidas legales correspondientes.

Las denuncias de espionaje han continuado la semana pasada. Nos hemos enterado que se descubrieron dispositivos electrónicos de espionaje en las instalaciones de ANEP, ABANSA y FUNDE; esta última, organización que además opera como el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional.

El espionaje y la violación a la intimidad es una conducta grave en sí misma y es un delito. Pero que ocurra respecto a organizaciones de la sociedad civil como las que hasta la fecha han interpuesto denuncias nos mueve a señalar que es probable que estemos enfrentando una de las más graves amenazas a la democracia desde que terminó el conflicto armado.

Ha quedado claro que no se trata de casos aislados. Existe una red organizada y sofisticada de espionaje contra instituciones de la sociedad civil y el gobierno debería ser el principal interesado en descubrir a quienes conforman esa asociación ilícita.

En el veinticinco aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz los discursos, plazas escultóricas y conciertos se vuelven ruido, piedra y un desperdicio de dinero de los contribuyentes, si de manera paralela está operando una organización de espionaje contra la sociedad civil organizada.

El mejor homenaje a la firma de los Acuerdos de Paz que puede hacer el gobierno es poner a disposición de la Fiscalía General de la República todos los recursos e información que puedan serle útil para descubrir a esos delincuentes.

El mismo CEJ es una asociación gremial que forma parte de esa sociedad civil organizada y por ello expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones víctimas de esas actividades delictivas. Junto con ellas, nos sentimos ofendidos e instamos a otras organizaciones que podrían encontrarse en similares circunstancias, a que también interpongan sus respectivas denuncias.

Aprovechamos para hacer un llamado al fiscal general de la República para que actúe de inmediato y se inicie una exhaustiva y profesional investigación sobre estas denuncias. Sabiendo ahora que existe una red de espionaje que amenaza la seguridad, la privacidad y el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, le pedimos que salga en defensa de nuestros derechos como lo establece nuestra Constitución. Desde luego que esto pasa por exigir desde ya resultados concretos en esas investigaciones.

Pero además, la Fiscalía debe estar atenta a posibles divulgaciones de conversaciones ocurridas en la intimidad de diferentes instituciones. Si esto llega a pasar, la Fiscalía debe identificar a quienes hagan públicas esas conversaciones, y citarlos para recibir sus declaraciones. Los que divulgan conversaciones privadas pueden estar cometiendo un delito también.

Los acuerdos de paz se firmaron precisamente para terminar con las violaciones a los Derechos Humanos y construir todos juntos un país democrático. La responsabilidad de liderar ese esfuerzo la tiene el gobierno de El Salvador. Precisamente por eso, es inaceptable que por parte del gobierno no tengamos a esta fecha una condena contra estos ataques a los ciudadanos y que no se haya anunciado ninguna colaboración con las investigaciones.

No amedrentarán a la sociedad civil. En el CEJ continuaremos cumpliendo nuestra función velando por el imperio del derecho; de manera que a los miembros –hasta ahora desconocidos– de esa organización criminal, les expresamos las palabras de George Orwell: Recuerden que la cobardía siempre se paga.

Lee también

Comentarios

Newsletter