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Atraso en la elección de magistrados de CSJ

El atraso en la elección de cinco magistrados propietarios y sus suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una clara y contundente muestra de la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Hace más de un mes y medio que debieron haber sido electos los nuevos magistrados, pero cada semana escuchamos lo mismo: no hay acuerdos en la comisión política de la Asamblea y las reuniones se pasan a la siguiente semana.
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El punto de partida es que la responsabilidad de tal atraso es compartida. No se puede decir tal o cual partido es el responsable de no elegir magistrados, porque, debido a que es necesaria la mayoría calificada, se requiere, obligatoriamente, la conjunción de los votos de ARENA y FMLN.
 
Un acuerdo de esta naturaleza no es algo imposible, ya ocurrió en el pasado en múltiples ocasiones. La gran diferencia es que no se puede, como en el pasado, acudir a la estrategia del reparto para poder llegar a un acuerdo.
Tradicionalmente, la Corte Suprema de Justicia era una extensión de las bancadas legislativas. Es decir, cada partido, de acuerdo con al peso que le daban sus votos (no solo en cantidad, pues tener los dos o tres necesarios para completar la mayoría calificada puede dar acceso al acuerdo), tenía una cuota de magistrados, propietarios y suplentes.
Aunque se trataran de personas sin vínculos orgánicos (otras veces eran abiertamente integrantes de dirigencias) con los partidos, en la práctica eran piezas de determinado instituto político.
 
Las recientes sentencias de la Sala de lo Constitucional llevaron al extremo la normativa de no permitir dirigentes políticos como magistrados. Ahora, con solo tener la sospecha de afinidad política lo descalifica para un cargo de segundo grado, es decir, electo por los diputados.
 
A la larga, deja por fuera a excelentes profesionales con una clara línea ideológica, lo cual no desmerece su formación académica ni su carrera judicial.
Pero, por otro lado, están las agendas de los partidos políticos. Al margen de la capacidad de los candidatos a magistrados, también hemos visto la necedad de incluir a personas con claros vínculos partidarios. Es decir, no solo se identifican con la ideología sino que también tienen posturas acordes a lo que la dirigencia del partido define como política partidaria.
 
De ese modo, es más que obvio que la contraparte rechace dar sus votos, acuerpándose en las decisiones judiciales anteriores.
 
¿Hasta dónde llegará la falta de acuerdo? Mientras la Corte Plena siga funcionando, no hay nada que haga apresurar a los diputados. El mecanismo de elegir de entre los magistrados suplentes a sustitutos cuasi permanentes para las plazas vacantes significa, a la larga, que las anteriores legislaturas han electo más funcionarios que los que les correspondía (algo que otra sentencia de la Sala de lo Constitucional prohibía).
 
Lo que también está de fondo es la preocupación de los partidos políticos de elegir a funcionarios que no solo no puedan controlar, sino que, además, tengan aspiraciones a gobernar el país desde sus despachos como magistrados.
 

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