Atrasos: elemento común de las elecciones de segundo grado

Las elecciones indirectas o de segundo grado son aquellas en las que la Asamblea Legislativa, actuando en representación de la población, elige a ciertos funcionarios públicos para que se desempeñen en distintas instituciones dentro del Estado.
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 Estas elecciones tienen base constitucional y constituyen una obligación de los diputados, que implica que deben realizarse en tiempo y que deben cumplirse los requisitos que establece la Constitución, la ley y la jurisprudencia.

Durante el año 2015 y principios de 2016, la Asamblea Legislativa tenía que llevar a cabo distintas elecciones de segundo grado, que vale recordar: 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 5 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría General de la República (PGR). En todas estas elecciones, el elemento común que tuvieron fue que hubo atrasos por parte de la Asamblea Legislativa. En el caso de la CSJ fue de casi 3 meses, en el de la FGR un poco más de 1 mes, en el de la PGR cerca de 3 meses, y con respecto al CNJ llevamos más de 8 meses y seguimos contando. Cabe agregar que en agosto de este año terminan su período los dos únicos miembros del CNJ que están en funciones; ojalá que no se pretenda esperar hasta entonces para elegir a los 7 miembros en un solo momento.

Dichos atrasos constituyen un irrespeto al Estado de derecho, y es lamentable que hasta se considere ya algo “normal” en todas las elecciones de funcionarios de segundo grado, como que fuera poca cosa vulnerar la Constitución. Tal como de forma acertada lo expresó hace algunos días, en su columna de opinión, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección El Salvador, ante la falta de elección de los miembros del CNJ, se está cometiendo una inconstitucionalidad por omisión por parte de la Asamblea Legislativa, ya que por mandato constitucional está obligada a realizar dicha elección.

Esta situación ha llevado a que varias organizaciones de la sociedad civil exijan a los diputados que realicen la elección cuanto antes, puesto que ya son 8 meses en los que prácticamente el CNJ está paralizado. No está demás decir las importantes funciones que desempeña para la administración de justicia: envía ternas a la CSJ para nombrar jueces y magistrados de cámara; realiza evaluaciones de jueces, tiene a su cargo la Escuela de Capacitación Judicial y propone a la Asamblea Legislativa la mitad de la lista de 30 candidatos a magistrados de la CSJ.

En cuanto a esta última facultad del CNJ, es necesario reflexionar sobre la gran importancia que tiene para nuestra institucionalidad democrática, ya que en el año 2018 se elegirán 5 magistrados de la CSJ, de los cuales 4 integrarán la Sala de lo Constitucional. Los consejales que están pendientes de elegirse por la Asamblea Legislativa tendrán la enorme responsabilidad de participar en dicha elección de la CSJ, y por ello es vital que el CNJ esté conformado por personas idóneas, probas e independientes de los partidos políticos, pues si se busca todo lo contrario y se da un reparto partidario con miras a 2018, las consecuencias serían dañinas para la administración de justicia y el país.

Es indispensable que esta costumbre negativa de retraso en las elecciones de funcionarios se revierta y que si es necesario, la institucionalidad funcione y se establezca un precedente jurídico para evitar que continúe como “normal” dicha práctica. Debe haber mayor respeto al Estado de derecho y como ciudadanos tenemos que exigirlo.

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