Atropellado caso de acceso a la información pública

Uno de los casos emblemáticos de violación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) es el relativo a la declaratoria de información reservada de Casa Presidencial (CAPRES)
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Uno de los casos emblemáticos de violación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) es el relativo a la declaratoria de información reservada de Casa Presidencial (CAPRES) sobre viajes presidenciales de 2009 a 2014, actividades protocolarias de atención a comitivas internacionales durante dicho período y de gastos de publicidad de 2010 y sus prórrogas. El procedimiento ha estado atropellado desde el principio y no deja de sorprender, principalmente con lo último referente a que la información “no se encuentra”.

Es innegable que gracias a la LAIP está disponible al público mucha información; pero con frecuencia se ve la negativa a entregar la que es políticamente sensible, tal como ha sucedido en el caso mencionado.

Haciendo un recuento de los principales hechos, en diciembre de 2014, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la mayoría de los puntos le dio la razón a CAPRES, manteniendo el criterio equivocado al resolver que la información era reservada, lo cual generó una enérgica reacción de sectores de la sociedad civil que promueven el acceso a la información y la transparencia, puesto que los argumentos sostenidos por CAPRES carecían totalmente de fundamento jurídico y hasta de lógica, por ejemplo, al querernos hacer pensar que se ponía en riesgo la seguridad del presidente de la República por un viaje que ya es del pasado, o el otro de que si se revela información sobre los servicios de publicidad se puede afectar la libre competencia, argumento que ha sido descalificado por expertos en derecho de competencia. En esta etapa, el apoderado de CAPRES remitió un escrito en cumplimiento de una medida cautelar, en donde constaba que se había tomado medidas de resguardo y se había hecho una copia de seguridad de la información.

Ante la resolución del IAIP se interpuso un recurso de revocatoria, habiéndose tardado dicho instituto ocho meses para reconfirmar mantener reservada la información. Lo anterior llevó a que un ciudadano acudiera a la Sala de lo Constitucional, por considerar afectado su derecho de acceso a la información, el cual ha sido reconocido como un derecho fundamental con base en la Constitución y en tratados internacionales, constituyendo el primer proceso de amparo contra el IAIP.

La Sala de lo Constitucional, en diciembre de 2015, ordenó a través de una medida cautelar a la Presidencia de la República, que se resguardara y se le hiciera llegar la información y el mes siguiente le recordó que estaba pendiente de cumplir con la orden. El viernes de la semana pasada, la sala emitió una resolución en donde se relaciona el informe enviado por el presidente de la República, quien señala que se resguardó y envió la información sobre servicios de publicidad, pero en cuanto a la información sobre actividades de atención a comitivas internacionales y viajes presidenciales, indicó que se han revisado los archivos respectivos “sin encontrar la información”.

Posteriormente, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia ha dicho en los medios de comunicación que entregarán la información a la sala, lo que significaría entonces que había algún desorden en los archivos y buscaron mejor en estos últimos días y ya encontraron la información. Si no se llegase a localizar la documentación, la Fiscalía General de la República deberá investigar posibles delitos penales por cualquier destrucción, ocultación o sustracción.

El desenlace de este atropellado caso ha puesto de manifiesto el irrespeto a la LAIP, por lo que de nuevo se ha tenido que acudir a la Sala de lo Constitucional para que proteja el derecho a saber y se venza a la opacidad.

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