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Aumenta la presión para que en nuestro país se produzca un acuerdo fiscal suficiente y sostenible, a fin de garantizar la estabilidad e impulsar el desarrollo

Los hechos dramáticos que se suceden en el vivir cotidiano evidencian hasta la saciedad que hay que empezar a gobernarse bien y que hay que abrir los ojos a las realidades para que la oscuridad de la ineficiencia no nos siga azotando como hasta hoy.
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La crisis fiscal que se vive en el país, y que ha venido intensificándose en los tiempos más recientes, es uno de los puntos críticos más relevantes y apremiantes, a la luz de las circunstancias que se viven en la actualidad y en función de las posibilidades reales de visualizar un mejor futuro en todos los órdenes de la vida nacional. Está más que comprobado que no se trata de una crisis coyuntural, porque las raíces de la misma están cada vez más a la vista, y consisten en fallas estructurales de fondo, en prácticas institucionales distorsionadoras y en una falta endémica de madurez política para encarar la problemática nacional.

El hecho de no haber ejercido la disciplina necesaria en el desempeño financiero del sector público está pasando factura cada vez más onerosa no sólo en el ámbito institucional sino también en los diversos espacios sociales. Queda claramente comprobado, y por consiguiente no se requiere ninguna constatación adicional, que, según reza la sabiduría popular, el que mal se gobierna despacio padece, y que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los hechos dramáticos que se suceden en el vivir cotidiano evidencian hasta la saciedad que hay que empezar a gobernarse bien y que hay que abrir los ojos a las realidades para que la oscuridad de la ineficiencia no nos siga azotando como hasta hoy.

Las voces de advertencia sobre el peligro real en que estamos inmersos a raíz de la indisciplina fiscal y de la falta de una plataforma que permita avizorar ejercicios verdaderamente responsables al respecto de aquí en adelante son cada vez más numerosas y presionantes. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo insisten en recomendar encaminarse por la vía de los acuerdos estabilizadores. Cada vez esos apremios se vuelven más incisivos, en concordancia con el agravamiento de la situación acumulada por la ausencia de estrategias nacionales pertinentes.

Hace un par de días, al concretarse el primer desembolso de 97.9 millones de dólares dentro del plan Alianza para la Prosperidad, la Embajadora de Estados Unidos, la nación aportante, expresó de manera directa: “Este año es clave para lograr avances, pero en el centro de todo está la necesidad de lograr un acuerdo fiscal”. Desde luego, dicho acuerdo, aun si lo es en la forma y en la dimensión requeridas, no bastará por su sola cuenta para que el país salga de los atolladeros en que se encuentra: es preciso e indispensable actuar proactivamente en varios campos, como el mejoramiento de relaciones entre sectores, la creación de oportunidades reales de mejoramiento social, el impulso de la productividad con los adecuados incentivos, la generación de empleo creciente y suficiente y el compromiso verificable con una auténtica disciplina fiscal.

Ahora hay que ponerle especial atención al manejo de las relaciones internacionales, especialmente con nuestros aliados tradicionales e insustituibles, como es el caso de Estados Unidos. Viene, al respecto, una época de desafíos, que habrá que afrontar con inteligencia y con realismo. Este es otro argumento de mucho peso para ir desmontando toda tendencia al populismo aberrante e ir poniendo en primera línea la sana práctica democrática, que respeta el juego de ideas y privilegia las libertades. El reto principal lo tienen en sus manos los que actualmente están al frente de la conducción nacional desde de las más altas posiciones gubernamentales.

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