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Austeridad: sueño imposible

Todo indica que el gobierno inició el año con la tarjeta de crédito totalmente planchada; la emisión de letes en los primeros días no sugiere otra cosa.
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Pero un esfuerzo serio de austeridad no se ve por ningún lado, a diferencia de lo que está pasando en muchos países. Escoja la región del mundo que se le antoje y encontrará en todas ellas un denominador común: el esfuerzo de los gobiernos para reducir el gasto con el fin de moderar el peso de la deuda y de administrar los efectos del menor crecimiento que se espera a escala mundial. Hay casos ejemplarizantes como el del Reino Unido, que anunció a fines del año pasado recortes entre 8 y 10 % y el despido de 144 mil empleados; así como el de Colombia, donde su presidente pidió a sus ministros que viajen en clase económica. Igualmente, el primer ministro ruso anunció hace unos días un vasto plan de austeridad. “Vamos a ver qué tipo gastos hace falta reducir, desgraciadamente se tratará de recortes considerables”, acotó.

También es ejemplarizante la decisión del gobierno de Israel de retirar su embajada de El Salvador por motivos presupuestarios. Eso sorprendió porque no es un país mencionado como fiscalmente irresponsable, a pesar de los cuantiosos recursos que destina para defensa y seguridad. Además, porque con El Salvador ha mantenido estrechas relaciones y mucho nos hemos beneficiado de su cooperación, recordando, eso sí, que nuestro país fue de los primeros en reconocerlo como Estado independiente. Pero seguramente está haciendo lo mismo con otros países menos relevantes para su política exterior, contrario a lo que estamos haciendo nosotros, con casos que eluden el grave problema fiscal.

A pesar de todo, parece que no se está desenfatizando tanto el gasto social focalizado en los sectores más vulnerables. Pero esto ha implicado revisar el llamado “welfare state”, sobre todo para evitar que los recursos vayan a parar a segmentos o grupos que pueden prescindir de ellos. Desde hace mucho tiempo, entidades como el Banco Mundial y el FMI han reconocido esta problemática, pero la resistencia a aplicar nuevas reglas que involucran una disciplina fiscal ineludible siempre está presente, por puro ganguerismo o por motivaciones políticas, como ocurre claramente en nuestro caso.

De hecho, en el país, ningún gobierno ha hecho un esfuerzo serio para apretarse el cinturón, aun cuando el sistema económico ya no da para más y los supuestos beneficios que procuran los programas sociales se ven minimizados por la corrupción, su enfoque equivocado y hasta por la manipulación, como nos lo recuerda la imagen de aquel anciano que durante la campaña política presidencial pasada aparecía con su esposa anticipando que llorarían cuando el señor Funes dejara la presidencia por la pensión que les había otorgado. Pronto se descubrió que todo era una farsa y que la pobre familia fue utilizada cínicamente, como muchas otras, como un instrumento de campaña.

Pero el despilfarro sigue a plena luz del día, como los seguros onerosos, la empleomanía y los viajes innecesarios; aquellos eventos de CAPRES (que solo crean expectativas difíciles de materializar), o la vida ostentosa que siguen exhibiendo ciertos funcionarios. Y por qué no decirlo, la enorme carga que ocasionan obras públicas mal diseñadas u opacas y hasta los cuantiosos recursos que regalamos a empresas extranjeras para evitar litigios que no proceden o que pudimos enfrentar con la ley en la mano...

En cambio, escasean las medicinas en los hospitales públicos y se agrava el deterioro de la infraestructura educativa, en circunstancias en que están haciendo de las suyas epidemias difíciles de controlar y se dota a los niños de computadoras que no pueden utilizar por falta de instalaciones adecuadas. Sin embargo, las demandas sociales siguen ahí, algunas auténticas y otras inducidas que al final se convierten en nuevos focos de tensión social o generan un “efecto demostración” indeseable, como aquella petición de una organización de colegios privados, que exige para sus alumnos ayudas similares a las de la red educativa pública. Y para complicar las cosas no hay cómo enfrentar la deuda de pensiones, ahora agravada por el problema del IPSFA. Pero la austeridad, ¿cuándo?

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