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Autodescalificación

Aludo a lo expresado por doña Norma Guevara de Ramirios con el respeto que siempre me han merecido mis mayores.
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Afirmar que los magistrados deben ser electos por voto popular y no por la Asamblea Legislativa podría ser tema de debate sano, tanto en el campo jurídico como en el político, pero si quien lo expresa es una diputada del partido de gobierno, que funge desde hace varios periodos, tenemos que usar el tamiz de la crítica para reflexionar sobre lo que ella dice y su intención. Veamos:

UBICACIÓN: La señora está desde hace varios años como diputada en el Órgano Legislativo, a quien corresponde elegir magistrados.

TEMPORALIDAD: Afirmar que lo que se ha hecho no sirve es una autocensura, al menos de su partido y no se diga de la persona que lo expresa, auto descalificándose no solo como electora designada por el pueblo, sino como funcionaria de elección popular. Es afirmar que el pueblo se equivocó al elegirla, escogiendo a quien no puede y obviamente no quiere representar y asumir la voluntad popular que se traslada a ella el día de su elección, precisamente para que como diputado sepa escoger a quienes impartirán justicia desde la cúpula del Poder Judicial.

TARDÍAMENTE: ¿Por qué no lo dijo cuando asumió su cargo? ¿Por qué lo expresa cuando está de salida? Si es distracción, es trampa social.

DISTRACCIONES: Cuando un funcionario afirma algo ridículo, y es para distraer la atención sobre problemas que no pueden solucionar los detentadores del poder, estamos en presencia del engaño. Podemos enunciar varios.

SERIEDAD CONSTITUCIONAL: La política partidaria salvadoreña no es seria, lo sabemos, pero no tenemos por qué aguantarnos ante la anti política y las violaciones flagrantes de la Constitución y las leyes. Como ejemplo el art. 127 Cn., señala quiénes no pueden ser candidatos a diputados; entre ellos los viceministros. Sin embargo, tenemos al viceministro José Luis Merino, de candidato inscrito a pesar de seguir siéndolo, aunque este con licencia, no ha renunciado al cargo. Su registro como candidato es inconstitucional.

MIS REFLEXIONES: La responsabilidad de elegir funcionarios de 2.º grado, que ejerce la Asamblea Legislativa, es un privilegio que los salvadoreños ponemos en manos de los diputados (84) para que ellos como nuestros representantes decidan en nuestro nombre, quiénes serán nuestros jueces superiores, la Corte de Cuentas, el Consejo Nacional de la Judicatura y al Tribunal Supremo Electoral precisamente porque son elecciones calificadas, con sistema de filtros de idoneidad, méritos, vocación, etcétera. Condiciones de transparencia y evaluaciones que ellos (diputados) se supone, pueden manejar, no nosotros. Nuestra decisión sería política, no técnica, pero sí les exigimos a los miembros del congreso (Asamblea Legislativa) que lo hagan en esa forma, con criterios de idoneidad, experiencia, méritos, vocación, etcétera.

En un año electoral, proponer pilatescamente algo es obviamente expresión electorera política, sin contenido. ¿Dónde está el borrador de reforma constitucional? Si no lo vemos, no existe. Si no lo presenta la diputada, su expresión no podemos menos que calificarla de demagogia.

Sentimos pena cuando los funcionarios tratan de burlarse de nosotros. No solo no lo logran, por el contrario, elevan nuestro fervor cívico para expresar un ¡basta ya!, y luchar por una mejor convivencia que la que tenemos en este segundo periodo presidencial del FMLN. Podemos con todo derecho expresar: FMLN, Go Home.

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