Autoritarismo, opacidad y desacato

Me duele, pero al mismo tiempo me reconforta. Me duele, porque una vez más se ha puesto en evidencia cómo el autoritarismo, la arbitrariedad y la soberbia del partido gobernante siguen socavando las bases de nuestra incipiente democracia. Pero al mismo tiempo me reconforta constatar, como muchos, que hay instancias dentro de la estructura formal del Estado que no se doblegan ante los excesos que constantemente cometen quienes nos gobiernan. En este caso, aludimos a la medida cautelar que ha dictado la Sala de lo Constitucional como respuesta a una demanda que cuestiona la forma en que fue autorizada la creación y funcionamiento del SITRAMSS.
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La cadena de irregularidades que ha rodeado este negocio ya había sido puesta al descubierto por el distinguido amigo Dr. Enrique Borgo Bustamante, quien en una columna titulada “De quién son las vías urbanas” (LPG 22-8-11) se anticipó a sustentar jurídicamente las irregularidades que estaban cometiendo ciertos funcionarios al comprometer espacios públicos (...) “que les pertenecen a todos los habitantes del país”. Como lo confirmé después, este fue solo el principio del tratamiento que le daría de manera más puntual en otras dos columnas, para concluir que el proyecto de marras era claramente inconstitucional, por tratarse de una concesión que solo podía ser autorizada por la Asamblea Legislativa (art. 12 Cn).

Pero eso no es todo. En la construcción de la infraestructura respectiva, el gobierno desembolsó más de $40 millones, producto de nuestros impuestos, para que un pequeño grupo de personas pudiera operar un negocio sumamente rentable, quienes de la noche a la mañana crearon empresas bajo la sospecha de que todo había sido negociado y arreglado para dejar al margen a cientos de otros actores en el sector transporte, con lo que el Estado se convertía en un promotor de un virtual monopolio. Hoy se puede constatar que un proyecto que por su propia naturaleza debería de haberse inscrito en una auténtica y transparente política de Estado y ampliamente participativa, ha ubicado a la capital en una de las más congestionadas y contaminadas de América Latina y, lo que es más grave, a provocar una conflictividad social.

La licitud del proyecto también se puso en duda desde el principio cuando se extendió la noción de que el uso patrimonialista del Estado y el tráfico de influencias entraron en el juego y, más aún, cuando trascendió que el ahora quebrado brazo financiero del partido gobernante también era parte fundamental de todo este entramado. Esto sugiere que la cesión graciosa y ad-hoc de las áreas de circulación de ese “sistema” se hizo con acuerdos bajo la mesa y hasta con la complicidad del gobierno de turno, al modificar una normativa de tercera categoría para maliciosamente obviar el artículo ya citado de la Carta Magna. Solo así se explican las reacciones viscerales de funcionarios de alto rango y dirigentes del partido, dando nuevamente órdenes a sus huestes para que denigren y amenacen a la SC y subviertan el orden público con llamados a no acatar la medida cautelar.

Con grotescas expresiones de autoritarismo, pero con un sentido que contradice lo que ahora se defiende, se expulsó a ENEL, igualmente con graves repercusiones en la economía, la imagen internacional del país y las finanzas públicas. Pero tampoco podemos olvidar la forma truculenta con que la AL aprobó en 2015 una emisión de bonos por $900 millones, cuya colocación en el mercado fue bloqueada por la SC, por reñir con el debido proceso. El cinismo con que se ha manejado este caso llega a tal extremo de que después de dos años, le siguen achacando a esta instancia el desmadre fiscal que vive el país. La aprobación viciada del presupuesto 2017 y el aumento inconsulto del salario mínimo son asimismo expresiones de ese autoritarismo y desprecio por la voluntad ciudadana que cada día que pasa se arraiga más, siguiendo la línea chavista. La pregunta es: ¿Qué ocurrirá cuando la actual Sala de lo Constitucional termine su mandato en 2018?
 

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