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Juan Héctor Vidal / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Fitch, una de las principales calificadoras de riesgo, dio a conocer la semana pasada su última valoración sobre la deuda soberana nacional, manteniéndola en grado B que le había otorgado en octubre del año anterior. La razón de mayor peso para dejarla invariable: la reciente historia de incumplimientos de sus compromisos internos. Entre estos destaca el “default” (deliberado para muchos) en que incurrió el Gobierno en 2017, lo que echó por la borda el largo y bien ganado récord crediticio del país. La referida calificación se ubica en una perspectiva “estable” y se aleja con mucho de aquella en que nos puso otra agencia en 2016, cuando los bonos soberanos fueron degradados casi a la categoría de basura; pero a futuro, la situación fiscal, en general, no es sostenible de continuar evadiendo medidas que deberían haberse tomado desde hace tiempo.

La necesidad de un ajuste estructural ha sido un tema recurrente en los informes periódicos del Fondo Monetario Internacional, sin desconocer los costos políticos y sociales que eso traería consigo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, estos tienden a acumularse, haciendo más difícil la solución del problema... Para no llegar a un ajuste draconiano, la solución debe buscarse en una fórmula que combine acciones en los ingresos y los gastos, sin ignorar, en el primer caso, la fatiga fiscal que se percibe en varios sectores ni los estímulos que requiere el sector productivo para contribuir con la reactivación económica y a la generación de empleo decente. Esto sugeriría que el mayor énfasis debe ponerse en la cuantía y calidad del gasto, a sabiendas de que el país compromete demasiados recursos en una burocracia frondosa e ineficiente, en lujos de los altos funcionarios e invierte mal lo poco que destina a la provisión de bienes y servicios. La parametrización de las pensiones debe, asimismo, revisarse y no cejar en el empeño de combatir, sin cuartel, la corrupción. En ese marco, el recién estrenado ministro de Hacienda ha planteado la necesidad de buscar una solución perentoria al problema de la deuda que vence entre 2019 y 2024.

Para esto ha solicitado la aprobación de la emisión de bonos por US$2,460 millones, lo que en su criterio, reduciría costos y mejoraría la calificación crediticia del país.

Entendemos que este “paquete” admite ciertas flexibilidades pero no mayores dilaciones. Pero no sabemos si la propuesta ya toma en cuenta el programa de alzas de la tasa de interés que comenzó a implementar la Fed la semana pasada, con lo que, según el FMI, el costo del dinero, especialmente para los países endeudados en dólares, subirá sensiblemente.

Desafortunadamente, los tiempos políticos también pueden conspirar contra la iniciativa ministerial. Y es en este punto donde nuestros dirigentes deben actuar con altura de miras, poniendo el interés nacional por encima de cualquier interés partidario o postura ideológica. Además, el pragmatismo político así lo aconseja, pues así como se perfila el próximo evento electoral, ninguno de los partidos con mayores opciones tiene garantizado el triunfo. Consecuentemente, a ninguno le conviene adoptar posiciones maximalistas para autoexcluirse de compromisos inevitables que contribuyan a la sanidad fiscal. Por lo demás, la clase política no debe ignorar el descrédito que viene arrastrando, ahora agudizado por el saqueo grotesco de la hacienda pública en el que han participado tirios y troyanos. Y esto, por sí solo, los compromete a pensar más en el país.

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