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Balance de Seguridad Pública, tercer año de gobierno del presidente Sánchez Cerén

Han transcurrido 1,095 días desde que el señor presidente de la República juramentó en el CIFCO. Son semanas de balances y encuestas en las principales áreas, pero en esta ocasión revisamos la seguridad pública y ciudadana. El partido FMLN en su campaña política presidencial denominó su plataforma “El Salvador Adelante” y específicamente en el eje número cuatro “Todo el país por la seguridad” desarrollaron tres estrategias (23, 24 y 25) con siete compromisos (del 53 al 59) entre los cuales destacaban tres como compromisos fundamentales: Punto final a las extorsiones (compromiso 54), Combate efectivo contra la criminalidad (55) y Centros penitenciarios de auténtica readaptación (58). Después de tres años completos la pregunta clave es: ¿se han cumplido estos tres grandes metas y objetivos de cara a la población?
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Extorsiones: continúan impactando la vida y economía de los salvadoreños en especial de los micro y pequeños empresarios. El no pagar la mal denominada renta es igual a “sentencia de muerte”. Este fenómeno delictivo ha sido poco estudiado e investigado a tal punto que las cifras y subregistros son altos. Han pasado tres años sin un plan estratégico como Estado salvadoreño y dependemos única y exclusivamente de las unidades especializadas de FGR y PNC. Nada más alejado de la realidad que las extorsiones han tenido punto final, continúan siendo la principal fuente de ingreso a las estructuras de las pandillas y el pilar sobre el cual sostienen sus finanzas.

Combate efectivo contra la criminalidad: en este apartado la decisión del año anterior de cambiar la estrategia para combatir las estructuras criminales ha generado un descenso en materia de “violencia homicida” pasando de veinticuatro homicidios diarios a nueve en promedio los últimos seis meses, buenos para igualar el promedio con el que recibió el Ejecutivo el FMLN hace ochos años. En el rubro de la violencia social e inseguridad siguen siendo el factor que la población demanda y muestra insatisfacción en rubros como: asalto a mano armada en las calles, asalto en transporte colectivo, inseguridad en las comunidades, barrios, cantones y caseríos, pagos de renta o peaje por entrar a su comunidad, hurto y robo de vehículos, entre otros.

Centros penitenciarios de auténtica readaptación: con las medidas extraordinarias se ha iniciado el control de los centros penitenciarios bajo las mismas que son seis que representan el treinta por ciento del total de centros penitenciarios del país. Pero continúa el ingreso de ilícitos por supuesto con la contribución de las redes de corrupción que operan en el sistema. Se han iniciado bases para un nuevo modelo de seguridad penitenciaria y dignificar a los privados de libertad. El hacinamiento y el cumplir el artículo veintisiete inciso tercero de la Constitución son los grandes desafíos.

Inconvenientes: el tiempo político para implementar transformaciones y cambios planteados en la plataforma se le agotó al Ejecutivo, estamos en época preelectoral. Se requiere como he insistido un plan estratégico y cruzada nacional contra la extorsión, enfocar planes y estrategias a seguridad pública, recuperación de territorio, eliminar los factores criminógenos, prevención con política criminológica, garantizar derechos fundamentales y humanos a privados de libertad y sobre todo, humildad para aceptar ayuda y consejo porque las cifras, estadísticas, encuestas, balances no les respaldan. Faltan dos años, es posible cambiar, acepten consejo.
 

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