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La nación salvadoreña concluirá esta década con una realización terrible e incuestionable: nuestros funcionarios nos roban.
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Cristian Villalta / Gerente de El Gráfico

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Gerente de El GráficoDa lo mismo qué matices le pongamos, está claro que la histórica cleptomanía en nuestra administración pública no tuvo ideología en el último cuarto de siglo. ¿O acaso no se enjuicia por enriquecimiento ilícito a presidentes de ARENA y del FMLN por igual?

Tráfico de influencias, licitaciones amañadas, desvío de fondos a empresas familiares, nepotismo... Sobran los eufemismos para referirse al despojo del erario acaecido en los últimos cuatro gobiernos. Y si nos preguntan en qué apartado del Gobierno nos han perjudicado más, en cuál se lesionó de modo más flagrante el interés público vía satrapía o despilfarro, nos cuesta distinguir entre los tres poderes.

Así asistimos a este nuevo ejercicio eleccionario, desencantados de la oferta partidaria y desolados por el funcionamiento de nuestras instituciones contraloras.

La Constitución salvadoreña de 1983 refundó política y jurídicamente nuestro Estado. Criticada de modo acre por algunas voces desde el FMLN, sobre todo por la imposibilidad de alterar la forma y sistemas de gobierno establecida en su artículo 248, no se la aprecia como una notable superación de la versión de 1962 ni por la inspiración auténticamente demócrata de muchos de sus conceptos.

Ese texto estableció el principio alrededor del cual debería tejerse la discusión fundamental entre nuestras fuerzas políticas: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”. ¿Qué otro sentido tiene la sujeción individual al ordenamiento jurídico sino el goce general de derechos como el de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia? Esa consideración, intermedia entre el contrato social de Jean-Jacques Rousseau y el Leviatán de Thomas Hobbes, no transpira en todo el articulado de 1983 pero fue un avance filosófico trascendental respecto de su antecesor de 1962.

Más Estado y menos espacio para la iniciativa individual liberalmente entendida, o viceversa, ese debería ser el ingente debate entre la izquierda y derecha de democracias tiernas como la nuestra. Pero para eso hay que producir pensamiento político, y no están nuestros partidos para tafetanes.

Por el otro lado, si el Estado, lejos de ser “soberano” como se establecía en el artículo 1 de 1962, no se agota en sí mismo sino que debe trascender para beneficio de las personas, el ministerio público y la función contralora deberían ser el corazón de su aparato. No importa si el ánimo filosófico de los movimientos políticos es liberal o conservador, las necesidades de nuestras mayorías y la desigual distribución del ingreso inherentes a nuestra historia justifican cualquier preocupación y control de las finanzas gubernamentales, por leonino que sea.

Ahí radica el desencanto. No solo es que la contraloría ha sido imperfecta y acomodaticia por decir lo menos; los funcionarios no son entusiastas a su favor, relativizan la independencia del ministerio público o prefieren sacar de la agenda ese deber ser. Por supuesto, para personajes como el presidente de la Asamblea Legislativa es más cómodo hablar de pena de muerte o de moralidad que rendir cuentas sobre el despilfarro de recursos y hábitos administrativos de alarmante discrecionalidad.

Mal vamos si los nuevos políticos no prometen apoyar la contraloría; aún peor es que los viejos políticos se rehúsen a hablar de corrupción. Es un concepto muy caro para gente barata.

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