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Bicentenario ciudadano

En esta ocasión no rechazaban la injerencia de un reino extranjero como en 1821, sino la emancipación de las prácticas autoritarias de los líderes del partido de Gobierno.

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El pasado 15 de septiembre se conmemoró el bicentenario de independencia del Reino de España por los países de Centroamérica de una inesperada pero necesaria manera. Dadas las condiciones sanitarias, los tradicionales desfiles estudiantiles y gubernamentales fueron suspendidos, así como los grandilocuentes eventos oficiales. No obstante, miles de personas expresaron ese histórico deseo independentista en las calles capitalinas. En esta ocasión no rechazaban la injerencia de un reino extranjero como en 1821, sino la emancipación de las prácticas autoritarias de los líderes del partido de Gobierno.

Estas prácticas se manifiestan en la imposición de una política monetaria injustificada, la persecución contra organizaciones críticas al Gobierno, la remoción inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general el 1 de mayo de 2021, así como en las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) y a Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) con el objeto de jubilar a los jueces y fiscales mayores de 60 años o que lleven más de 30 años prestando sus servicios. Son expresiones orientadas a eliminar cualquier voz crítica y concentrar el poder público en pocas manos.

Es así como, a primera hora del pasado miércoles 15 de septiembre, una gran cantidad de magistrados, juezas, litigantes, académicos, abogados y profesionales del derecho nos reunimos para levantar nuestra voz y expresar la inconformidad ante la violación a los derechos humanos, el deterioro de nuestra democracia y el retroceso a la época del autoritarismo del siglo pasado. Además, nuestra protesta ciudadana cuenta con el apoyo de agencias especializadas de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como del resto de la ciudadanía que también se manifestó pacíficamente en las calles o en las redes sociales.

A pesar del contexto, esta acción se convirtió en una jornada de reflexión ciudadana sobre los sacrificios que las familias salvadoreñas han realizado en el pasado para alcanzar la democracia, lo que significa vivir en democracia hoy en día, y lo que deseamos los habitantes de este país para nuestro futuro. La solidaridad y compañerismos de caminar juntos nos permite redescubrir que estamos más unidos de lo que pensamos, que compartimos más valores y principios que aquello que nos diferencia, y que solo una democracia constitucional nos permite alcanzar el respeto a la dignidad humana.

Ante algunos cuestionamientos, es relevante reiterar que nuestra Constitución reconoce expresamente la libertad de manifestación pacífica por todas las personas. El artículo 6 establece: "Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución (...)", y el artículo 7 también regula: "Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito (...)". Es así como, la Carta Magna reconoce este necesario ejercicio de expresión colectiva, muy positivo para nuestra convivencia política.

El 15 de septiembre marchamos por la independencia judicial y por el reestablecimiento del orden constitucional. Así como miles de salvadoreños, de nuestra parte seguiremos marchando y actuando por el respeto de nuestra Carta Magna y la defensa de nuestra democracia. ¡Por el imperio del Derecho!

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Tags:

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