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Por el Imperio del DerechoLa Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, razón por la que tiene la última palabra en relación con el sentido y alcances de las disposiciones constitucionales.

Desde hace al menos 20 años, la Sala de lo Constitucional ha venido diciendo que sus criterios vinculan a todas las autoridades judiciales y administrativas, quienes, en consecuencia, deben tomar en cuenta los precedentes jurisprudenciales sin que les sea factible obviarlos. Es más, la misma jurisprudencia constitucional ha establecido que la autoridad que ignora lo antes dicho violenta la Constitución y, por ende, puede ser sujeto de responsabilidad.

Más recientemente, la Sala de lo Constitucional ha recalcado que la jurisprudencia debe ser entendida como una actividad racional y argumentativa creadora de normas, las cuales han de convertirse en un canon vinculante. En otras palabras, la jurisprudencia –legal o constitucional– es fuente del derecho y, por tanto, de obligatoria observancia para los intérpretes y aplicadores del ordenamiento jurídico. Fácil de entender.

Siendo esto así, ninguna autoridad puede desconocer que en varias decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional, se ha hecho hincapié en la necesaria despartidización de los órganos e instituciones públicas, particularmente en aquellas que tienen funciones constitucionales de control sobre el ejercicio del poder político. Se requiere que los funcionarios electos en tales entidades no posean afiliación partidaria o vínculos jurídico o materiales con partidos políticos, para garantizar su independencia e imparcialidad, evitando así nexos de dependencia político-ideológica.

Ninguna indefinición existe como lo han querido plantear algunos. La Sala de lo Constitucional ya explicó, varias veces, que la existencia comprobada de un vínculo objetivo o material con un partido político por parte de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia constituye también –además del que deviene de la afiliación partidaria– un motivo de inelegibilidad para optar al cargo.

De ahí que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) como autoridad a quien se le ha encomendado la tarea de remitir el listado definitivo de 30 candidatos a magistrados no podía, bajo ningún punto de vista, ignorar la jurisprudencia constitucional. No solo porque la misma es de obligatoria observancia como ya ha quedado establecido, sino porque así lo manda la Constitución, la Ley y el mismo régimen normativo del CNJ.

En efecto, el art. 172 de la Constitución y el art. 24 de la Ley Orgánica Judicial señalan que los magistrados y jueces deben ser independientes. Por su parte, el artículo 72 del Reglamento de la Ley del CNJ dice con toda claridad que el Pleno del CNJ revisará la lista de los candidatos electos por los abogados, verificando que estos cumplan con los requisitos.

Pues bien, dentro de esos requisitos, el CNJ ¿debía verificar su independencia? Nosotros sostenemos enfáticamente que sí. No haberlo hecho implicaría incumplir con sus obligaciones e ignorar abiertamente la jurisprudencia constitucional.

La vinculación material a un partido político no es algo que solo debe y puede ser examinado en la Asamblea Legislativa. El hecho de que nuestro mecanismo de elección esté estructurado con dos diferentes vías no significa que en una de ellas es posible ignorar la exigencia de independencia judicial y que con eso debamos convivir. El CNJ hizo bien en apartar a quienes están vinculados con partidos políticos; era su obligación.

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