Brasil y la partidocracia salvadoreña

La partidocracia salvadoreña, ese sistema de clara usurpación del poder del pueblo, del verdadero pueblo: el contribuyente; no de ese pueblo producto de la fértil imaginación de algunos, léase la clase política, conveniente invento para provecho propio; el pueblo, nos dicen, “beneficiario” de todos sus esfuerzos y bondades.
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Si tantos son los beneficios que nos traen ¿por qué la imagen tan negativa de esa clase política? No es la incompetencia o la negligencia –que suficiente es– sino el accionar de la clase política, ese constante desfile de súbitos acaudalados, el nepotismo, el clientelismo, la corrupción, el conflicto de interés, la falta de ética, la de no acabar; y es esta partidocracia la que nubla nuestro juicio, enmaraña nuestro pensamiento crítico, no nos permite ver más allá de nuestra narices.

El problema brasileño se nos presenta como un golpe de Estado por un lado y como democracia suma por el otro. A decir verdad no es ninguno. Vamos a comenzar con la conclusión: ¡es lo mejor que le ha pasado al hermano pueblo brasileño! En el año 2000, durante el segundo término del expresidente Fernando Cardoso, Brasil promulgó las leyes de Responsabilidad Fiscal, con el propósito de balancear el presupuesto y de amarrar los logros antes alcanzados durante el primer término de Cardoso: control de una desbocada inflación, la estabilización de la moneda, la privatización de ineficientes industrias estatales, la remoción de la paridad de la moneda local, entre otras valiosas reformas.

Vale notar que Cardoso fue un político considerado de centro-izquierda. La Ley de Responsabilidad Fiscal requiere, entre otras cosas, que el gobierno central, los gobiernos estatales y municipales establezcan presupuestos balanceados, es decir que los gastos identifiquen claramente de donde provendrán los recursos para financiarlos.

La ley también limita el gasto en personal, la planilla, al 50 % de los ingresos corrientes a nivel federal, y al 60 % para los estados y las municipalidades. El núcleo de la ley, la parte central, es el concepto de ingresos corrientes, que significa ingresos verificados durante el previo ejercicio fiscal.

Los gobiernos pueden gastar hasta un máximo del 120 % de los ingresos verificados. Si se excede de ese techo, el gasto tiene que retornar a niveles por debajo del porcentaje dentro de un año. Bajo la ley, gastos que no fueron especificados en el presupuesto, especialmente si son recurrentes, son considerados sin autorización, ilegales y dañinos al bien público.

En 2015, la administración de Rousseff pidió a los bancos estatales pagar por programas sociales sin transferir el dinero al Estado. La demora de la transferencia le permitió gastar durante el periodo 2012 y 2014, periodo en que fue reelegida, unos $11.5 billones más de lo presupuestado y permitido por la ley.

El año pasado esta práctica, que no puede ser descrita más que como “maquillar las cuentas”, causó gastos fuera de presupuesto de unos $14.4 billones. La peor de todas las recetas: desbocados gastos, desbocados déficits, deuda para pagar gastos y financiar déficits. De acuerdo con Cidada, el 45 % del gasto de Brasil en 2014 fue para servir la deuda gubernamental: 11 veces más que el gasto en salud, 12 más que el gasto en educación. El crimen del cual se acusa a la presidenta Rousseff es el del mal uso del erario. Ciertamente, son buenas noticias para Brasil: todo futuro presidente deberá tomar nota que puede ser removido si no gastan el dinero del contribuyente responsablemente.

¿Y nuestro querido El Salvador? Hora es de promulgar leyes de responsabilidad fiscal, pero esperar que nuestra clase política lo haga es pedirle al zorro que no coma gallinas.

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