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Bukele dicta otro mes de excepción sin debate

Ya no hay debate político, lo que antes era el Parlamento ahora es sólo un despacho oneroso en el que los recaderos del presidente devengan malamente salario y viáticos; ya no hay empresa privada pujante haciendo contrapeso, buena parte de ella hoy intimidada, desmemoriada o cómplice; y lo que hay de la sociedad civil está reconstruyéndose a un ritmo que no compite con el vértigo de la descomposición institucional y democrática.

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Con una fundamentación mediocre y sin explicar qué tiene que ver la amenaza a la seguridad pública con la licencia para que el Estado siga gastando dinero de los contribuyentes de modo opaco, el oficialismo procesó ayer la solicitud del presidente de extender otro mes el régimen de excepción.

Lo hizo sin atender a los documentados casos de abuso policial, de exceso de fuerza y de violaciones a garantías constitucionales para las cuales los cuerpos de seguridad no tenían licencia ni siquiera en el estado excepcional. Como única línea discursiva para la que les han dado permiso, los pasapapeles de Bukele afirman que los agravios y vejámenes cometidos contra cientos de ciudadanos inocentes detenidos de modo arbitrario no obstan ante los resultados de este despliegue militar. Sin embargo, no han presentado a uno solo de los asesinos, de los autores intelectuales y materiales de la ola de homicidios de fines de marzo.

Lo único que el ministerio público ha hecho es una recreación de justicia en sus redes sociales, donde hacen rueda de reos digital a ciencia y paciencia del sistema judicial, pero a ciencia cierta no hay a la fecha una tesis o siquiera una hipótesis con la que las fuerzas del Estado expliquen lo que pasó ese sangriento fin de semana, cuál fue el móvil de la saña y deliberación con la que los grupos criminales actuaron y a quiénes se enjuiciará puntualmente por la conspiración terrorista y por los asesinatos de ella derivados.

El régimen ha perdido la vergüenza. Sin ningún pudor pretende justificar la apertura de otra compuerta para la corrupción, como la ocurrida durante la pandemia y que la Comisión Internacional contra la Impunidad intentó investigar antes de que el presidente la desarmara; sin ningún pudor, intimida a los políticos que no le acompañan en la narrativa guerrerista acusándoles difamatoriamente de estar aliados a los criminales; y sin ningún pudor, se niega a hablar de los otros temas que amenazan al país, léase impago de su deuda, desprestigio diplomático o aislamiento internacional por su bien ganada fama de violador de derechos humanos. Eso sin mencionar que la liquidez comienza a ser un problema, como lo demostró el atraso en el pago de salarios de la semana anterior.

No. La ficción de un Estado que está resolviendo la crisis de seguridad pública por arte de magia con 13 mil detenciones, la misma magia con la que durante dos años y medio pretende haberla resuelto con una dirección de reconstrucción de tejido social que ahora brilla por su silencio y obsolescencia, con edificios en forma de cubos y con opinadores a sueldo subrayando los beneficios del control territorial, es todo sobre lo que la propaganda quiere hablar hoy. Y la población lo consume, a menos que le conste la incompetencia de la que se hace gala en el terreno. Para esa incompetencia, el Estado pide otro mes.

Cuando sea imposible disimular la crisis de la economía, cuando la nación se dé cuenta de que mientras disfrutaba embobada de un show una mancha de irresponsables estaban dilapidando los pocos centavos que le quedaban al Estado, ¿dónde irá a quejarse? Ya no hay debate político, lo que antes era el parlamento ahora es sólo un despacho oneroso en el que los recaderos del presidente devengan malamente salario y viáticos; ya no hay empresa privada pujante haciendo contrapeso, buena parte de ella hoy intimidada, desmemoriada o cómplice; y lo que hay de la sociedad civil está reconstruyéndose a un ritmo que no compite con el vértigo de la descomposición institucional y democrática.

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