Buscando culpables

Estas y muchas más son las excusas ante la poca capacidad y competencia que el TSE ha demostrado en las elecciones de 2015. ¿Quién asume la responsabilidad?
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Fue más complicado de lo que cualquiera se pudo imaginar. Rebasó la capacidad individual e institucional. El Tribunal Supremo Electoral, autoridad máxima en materia electoral, seguramente se tomará mucho más tiempo del esperado en cumplir con su obligación legal de “declarar firmes los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones de Diputados o Diputadas al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa y de los Concejos Municipales”. No han podido y buscan y rebuscan excusas. ¿Contribuciones?

La gente que votó cruzado complicó el conteo. Por más llamados que hubo para que siguieran votando por bandera, hubo algunos que ejercieron el derecho. Identificaron las caras más confiables o menos desconfiables, independientemente del partido y cruzaron el voto. Ellos tienen gran parte de la responsabilidad del retraso porque los decimales no cuadran.

El software no funcionó. Las pruebas que se hicieron antes de las elecciones fallaron. Y el día de las elecciones el sistema colapsó y tuvo que hacerse a mano, uno por uno. En la era de la tecnología de las comunicaciones, nuestro país demuestra la escasa o nula capacidad de diseñar software para usar equipos de alta velocidad.

La empresa contratada resultó inexperta. Aunque presentó todos los requerimientos para participar no tiene ni el conocimiento ni la tecnología ni la experiencia que exige en conteo de votos, la transmisión de información y mucho menos la verificación de la información. Tiene poca experiencia en eventos electorales pero su oferta financiera calzaba con la disponibilidad de recursos.

Exceso de confianza en la capacidad del informático del TSE. Cumple con los requisitos del artículo 74 del Código Electoral, pero se olvidó de su obligación de colaborar eficazmente en los escrutinios preliminares y definitivos de los eventos electorales. Y aunque sea competente y bien remunerado, parece no haber cumplido la b del mismo artículo que le obliga a planificar las actividades del centro de procesamiento de datos y desarrollarlas de acuerdo con los lineamientos del tribunal (magistrados).

La buena fe y la ingenuidad de los magistrados en pleno. La falta de conocimiento y experiencia de la mayor parte de los magistrados del tribunal motivó la confianza en las propuestas de la Unidad de Procesamiento de Datos. Se tomaron decisiones de buena fe porque no se tuvieron recomendaciones de la Unidad de Planificación “sobre los procedimientos ni resultados programados en el proyecto del proceso electoral aprobado” y tampoco se recibió información de la Contraloría sobre “la correcta utilización de los recursos”.

El Ministerio de Hacienda no dio el presupuesto solicitado. La Unidad Administrativa elaboró y propuso al tribunal, por medio del magistrado presidente, el presupuesto anual. Los magistrados aprobaron por mayoría calificada el presupuesto anual de ingresos y egresos. Los magistrados prepararon el presupuestos preelectoral y electoral y los presentaron en el plazo establecido. Se necesitaba más dinero, pero el Ministerio de Hacienda no quiso asignarlo y el artículo n.º 42 del Código Electoral quedó en el aire. Se hizo lo que se pudo y resolver los problemas saldrá más caro.

La Sala de lo Constitucional cambió las reglas a última hora. Con magistrados en su mayoría recién electos, con un informático bien experimentado, confiable y bien pagado, el tribunal estaba listo para replicar el proceso de elecciones anterior (2012). Pero la Sala de lo Constitucional, previendo la incapacidad o la falta de voluntad de la Asamblea Legislativa, dio un mandato al Tribunal Supremo Electoral sin el tiempo necesario para entenderlo y mucho menos procesarlo. Al TSE le corresponde velar por el fiel cumplimento de la Constitución y las leyes, pero respetar de los derechos constitucionales de los electores complicaron a la burocracia.

Fue la Asamblea Legislativa la que eligió en votación nominal y pública a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Los legisladores responden por el cumplimiento del artículo 44 del Código Electoral que establece los requisitos para el cargo, uno de ellos es la notoria instrucción. Todos ellos confían de buena fe la organización de los eventos electorales en 2015, 2018 y 2019. Y al magistrado presidente del TSE lo propuso el FMLN dando cumplimiento al artículo 208 de la Constitución.

Estas y muchas más son las excusas ante la poca capacidad y competencia que el TSE ha demostrado en las elecciones de 2015. ¿Quién asume la responsabilidad?

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