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Cálculos judiciales y una extenuante audiencia

Los cálculos políticos no son algo que se quede exclusivamente en la esfera de lo político.
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Están en todas partes, incluyendo los negocios, las relaciones personales e incluso en los casos judiciales. Justo hace una semana, la jueza interina del tribunal Séptimo de Paz de San Salvador, Évelyn del Carmen Jiménez de Solís, estaba en el centro de muchas discusiones en el ámbito periodístico y en las redes sociales. Que la audiencia en el caso Rais-Martínez (por los dos personajes más conocidos del entramado de corrupción judicial que reveló la Fiscalía General de la República: Enrique Rais, propietario de un conglomerado de empresas que incluyen a Manejo Integral de Desechos Sólidos [MIDES]; y Luis Martínez, ex fiscal general de la República) había sido demasiado largo, que hubo demasiadas vacilaciones. Que su resolución final no estuvo apegada a las expectativas que había provocado un caso de semejante trascendencia.

Lo fuerte de este caso, precisamente, son sus implicaciones políticas. Se trata de la primera vez que un ex fiscal general es llevado al banquillo, y precisamente por su sucesor en el cargo, Douglas Meléndez, un profesional que tiene una larga trayectoria que incluye el haber sido fiscal en los tribunales y como abogado particular, como el puesto que tuvo en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) hasta hace poco.

Siendo fiscal, fue a Meléndez, precisamente, a quien le tocó acusar a Rais por otro caso: una defraudación millonaria en el Banco de Fomento Agropecuario (BFA). En una parte del proceso, el juez a cargo de dictaminar sentencia fue el ahora magistrado de la Sala de lo Constitucional Edward Sidney Blanco, quien, a la postre, terminó sobreseyendo a Rais. Cuando ese caso, entre 2002 y 2003, subió a cámara, fue una ahora exmagistrada, Rosa María Fortín, la que se negó a ratificar el sobreseimiento contra Rais y los otros implicados en el caso BFA. Sin embargo, el resto de magistrados avaló el mecanismo. Ahora, Fortín ha vuelto como magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal. Es decir, que si el caso en el que la jueza Jiménez de Solís consideró que hay mérito para investigar delitos –y por eso pasó al Juzgado Séptimo de Instrucción, a cargo de Miguel Ángel García Argüello, el mismo que tuvo el caso del expresidente Francisco Flores– es muy probable que vuelvan a verse las caras.

A Meléndez no le cayó en gracia que la jueza Jiménez de Solís hubiera considerado que hay indicios de que se cometieron delitos graves, pero que aún así hubiera decidido dejar en libertad a los acusados de esos crímenes (Martínez quedó detenido por seis meses, pero por otro caso, por haber divulgado conversaciones íntimas del padre Toño con un pandillero que prueban que ingresó celulares y otros objetos ilícitos a centros penales) que incluso llegó a decir que había “clicas” dentro del sistema judicial. Y eso sin contar con las irregularidades que la jueza Jiménez de Solís cometió durante la maratónica audiencia que empezó viernes y se prolongó hasta domingo al mediodía, como cambiar de opinión tres veces sobre lo mismo, o las que sucedieron alrededor de los tribunales, como la presencia de hombres armados en vehículos particulares que aseguraron llegaron a “trasladar” a uno de los detenidos.

Meléndez sabe lo que dice. El caso que ha montado contra Martínez y Rais es muestra de ello. Involucra al menos a dos jueces (Romeo Aurora Giammattei, recientemente destituido, y a su suplente), a un colaborador jurídico y a un jefe fiscal. Así que no hay que tomarse a la ligera eso de “las ‘clicas’ en el sistema judicial”.

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