Cambios de forma o de fondo

El poder político está pensando estratégicamente (esfuerzo multipartidario en el tema de seguridad). Consecuentemente, es importante que la ciudadanía reflexione sobre el alcance del uso ostensiblemente de la fuerza pública para la contención del crimen, neutralización de las pandillas y recuperación del control territorial.
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Este análisis es oportuno y conviene iniciarlo con una aseveración que resume la historia contemporánea y el panorama nacional. ¡Los gobernantes han llevado a El Salvador de la violencia política a la violencia delincuencial, en apenas un cuarto de siglo! Estos sucesos han provocado, entre otras cosas, que miles de connacionales hayan perdido sus vidas inútilmente y que millones hayan emigrado.

Estos hechos han transformado a la sociedad salvadoreña. Uno de esos cambios se refleja en la apatía de miles de conciudadanos, la cual genera “ganadores y perdedores”. Entre los ganadores están los gobernantes, quienes realizan varias de sus funciones incompetentemente y no pasa nada. Prueba de ello es que El Salvador sobrelleva múltiples crisis (económica, social, ambiental e institucional) y las manifestaciones populares son intrascendentes. Entre los perdedores está la llamada “clase media”, la cual está soportando gran parte de la carga tributaria y recibe servicios públicos de baja calidad.

En este contexto, se da un aumento significativo de las denuncias de corrupción e impunidad a escala nacional e internacional. Los efectos de esas acusaciones hacen reaccionar al poder político y podrían hasta motivarlo a superar la crisis de credibilidad por la cual atraviesa. Un paso en esa dirección es hacerle frente al peligro que tiene angustiado a los salvadoreños: la escalada de violencia delincuencial.

Dentro de esta lógica, los órganos Ejecutivo y Legislativo adoptan un enfoque militar para aplacar la violencia delincuencial (mayor participación de la Fuerza Armada en seguridad pública, más reformas para endurecer las leyes y mayor acción policíaca-militar en el territorio nacional). Paradójicamente, la respuesta enérgica en una sociedad que viene de sufrir dictaduras y una guerra civil goza de un amplio respaldo popular. Consiguientemente, la hipótesis es que los gobernantes tienen el respaldo social necesario para alejarse del Estado de derecho y acercarse al autoritarismo.

En estos momentos y a partir del tema de seguridad, el poder político pareciera estar ganando más peso específico y desafiando el dominio del poder económico. El caso del sistema de pensiones parecería apuntar en esa dirección y marcaría la transición del neoliberalismo al neoestatismo. El asunto de fondo es que en los temas de interés nacional se continuaría restringiendo la participación ciudadana.

Lo importante, entonces, es que los programas de seguridad sean integrales y trasciendan las elecciones y los gobiernos. El mayor reto es que la sociedad civil organizada y el círculo académico sumen esfuerzos y alcen su voz para que los gobernantes no se limiten a “apagar el incendio” (reducir la tasa anual de delitos graves) y no anulen el Plan El Salvador Seguro después de las elecciones 2018 y 2019.

Conclusión: es probable que la presencia de la Fuerza Armada en el área de la seguridad pública dure varios años, y que la ampliación de las medidas extraordinarias restrinja la participación y acción ciudadana. Es decir, el costo democrático de “apagar el incendio” con un enfoque militar podría ser la consolidación del centralismo y la partidocracia.

Tags:

  • inseguridad
  • justicia
  • impunidad
  • corrupcion

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