Candidatos: ¿asumen estos cinco compromisos?

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Faltan 188 días para la elección legislativa y aún no hay compromisos claros respecto a un tema de suma relevancia nacional e intergeneracional: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia –cuatro de ellos, a la Sala de lo Constitucional. A continuación y sobre esta decisión, se plantean cinco puntos no negociables para la construcción de un verdadero estado constitucional de derecho en El Salvador.

1) Una elección sin retrasos. El peligro más inmediato es que la Asamblea Legislativa no elija magistrados antes de julio de 2018, sino que lo haga después de las elecciones presidenciales de 2019. Este vacío de más de medio año no solo dejaría desprotegidos los derechos fundamentales de los salvadoreños, sino que permitiría graves abusos durante el período de campaña electoral. En este escenario, la ausencia de la jurisdicción constitucional colocaría en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la confianza en las instituciones y por tanto la estabilidad política del país.

2) Una elección sin secretismos. Las decisiones que afectan al público deben ser públicas, documentadas y debidamente motivadas, tal como lo demanda la ciudadanía y ha sido ordenado en numerosos fallos por la Sala de lo Constitucional. La transparencia permite que la ciudadanía audite las decisiones de sus representantes y por ende es garantía que personas con moralidad y competencia notoria, como lo exige el artículo 176 de la Constitución, sean elegidas. Tanto los perfiles y las entrevistas de los candidatos como los debates posteriores y los criterios de evaluación, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador o en la Asamblea Legislativa, deben presentarse de cara a la población.

3) Una elección sin cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo con los artículos 172 y 186 de la Constitución que han sido aplicados en distintas resoluciones también emanadas de la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e incluso impunidad. Promover candidatos con vínculos partidarios resulta inadmisible desde la ética y el orden constitucional.

4) Una elección sin traslados. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como ya se estableció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012.

5) Una elección sin reciclajes injustificados. No debe confundirse la carrera judicial o de servicio público, que se justifican sobre la base de la estabilidad y la meritocracia, con promover a funcionarios por su lealtad con intereses personales. Si se propone elegir a determinado juez o funcionario a la Corte Suprema de Justicia, debe justificarse cuáles son los méritos demostrados y los logros puntuales por tal persona durante su gestión al frente del servicio público. De esta forma y en sintonía con la sentencia 3-2015 de la Sala de lo Constitucional, se evitará premiar a quienes han favorecido a algún grupo de poder desde la función pública y al margen de la ley.

Las campañas electorales son oportunidades valiosas para preguntar a los candidatos y obtener compromisos concretos de estos. Desde el CEJ, invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación, a hacer la siguiente pregunta a cada una de las personas que aspiran a ocupar o seguir ocupando una curul en la Asamblea Legislativa: usted, ¿asume estos cinco compromisos?

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