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Candidaturas a la CSJ: El dilema constitucional

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Exembajador en Estados Unidos y ONULas candidaturas a la CSJ han levantado polvo. Las discusiones se han centrado en la escoriación que el Consejo Nacional de la Judicatura de los 15 candidatos provenientes de la votación de los abogados que les fueron presentados por las asociaciones de abogados. Esta discusión públicamente muestra que el interés por lo político está rebasando los tradicionales santuarios y volviéndose público.

En lo que no se ha reparado es que la elección a jueces es una réplica de las elecciones: los abogados equivalen a los votantes, las asociaciones de abogados a los partidos y el Consejo Nacional de la Judicatura al TSE. En ambos casos se están presentando los mismos problemas: extrema politización de los procesos y una discusión de bajo nivel que no permite llegar al fondo del problema.

La discusión sobre rechazar candidatos se ha centrado en la cuestión de la “vinculación política” y esto no deja de tener sentido, pues, como todos sabemos, el Consejo Nacional de la Judicatura es fruto de una Asamblea Legislativa que reparte por cuotas las personas a elegir, las asociaciones de abogados, unas más y otras menos, responden a intereses partidarios o son calificadas de tales y muchos abogados también tienen militancia o inclinación por partido político.

Lo anterior es el escenario; lo importante es que tratemos de introducir una discusión que no esté subordinada a sus defectos, pues, se trata de elegir magistrados de la CSJ que son quienes deberían tener el mayor grado de autonomía de cualquier “vinculación” ya sea con partidos políticos, con la empresa privada, con los sindicatos o con cualquier interés particular de cualquier grupo social; este es el ideal, pero es prácticamente imposible de encontrarlo en la realidad y mucho menos en una sociedad como la nuestra con un alto grado de polarización y patrimonialismo. Por lo tanto tenemos que establecer reglas que nos permitan en lo posible acercarnos al ideal del juez imparcial, y esto implica discutir temas que han estado ausentes; los parámetros de juzgamiento han brillado por su ausencia y las mutuas acusaciones la han llenado.

Permítaseme enunciar algunos de los puntos que nos permitan una seria y productiva discusión de las candidaturas a jueces de la CSJ:

a) Cómo vamos a resolver la contradicción entre dos obligaciones: por un lado la de preservar la independencia de la judicatura y por el otro el derecho constitucional ciudadano a optar a cargos públicos, ambos partes ineludibles del Estado Democrático y cómo conciliarlos, especialmente cuando la única guía constitucional que tenemos es rechazar el sometimiento a “todo mandato imperativo alguno” del artículo 125 que lo establece a los diputados y nunca lo hemos cumplido.

b) La vinculación: ¿solamente es la política?, ¿acaso no debemos preocuparnos tanto o más por las vinculaciones económicas?, ¿quien está más “vinculado” para ser juez?, ¿el que pertenece a un partido político o el que es abogado al servicio de un grupo económico poderoso?, y así podríamos seguir.

c) ¿Qué definición tenemos de “vinculación”?, es el término más usado para definir si un ciudadano puede o no optar al cargo público, pero hasta ahora, este término ni existe en nuestra legislación, ni ha sido precisado por ninguna sentencia; creo que si se usa para negarle a un ciudadano su derecho constitucional, lo menos que debemos hacer es definirlo con precisión, de lo contrario se está prestando a abusos.

d) ¿Acaso no es indispensable una ley sobre elecciones de segundo grado? Yo propongo que en vez de gastar tiempo y esfuerzos en acusarnos de ser de un partido o de otro, como si eso fuera pecado, deberíamos trabajar positivamente dándole al país una adecuada legislación.

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