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Cárceles

Solo la mente de un alucinado pudo concebir que una desenfrenada ola de detenciones arbitrarias podía ser la solución a nuestros inveterados problemas de violencia y delincuencia.

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Para 2021, el sistema penitenciario de El Salvador registraba ya un aproximado de 37,000 reclusos, lo que le otorgaba al país el poco honroso privilegio de contar con la mayor tasa de encarcelación de América Latina y una de las más altas de todo el mundo.

Valiéndose de información oficial, la base de datos World Prison Brief, ubicaba, de hecho, al país con 564 reos por cada 100,000 habitantes, en el cuarto puesto de las tasas más altas del planeta, solo después de Estados Unidos (629), Ruanda (580) y Turkmenistán (576).

Las condiciones, además, en que se encontraba esa abultada población privada de libertad eran ya entonces deplorables. Aunque los esfuerzos emprendidos a partir de 2014, sobre todo en términos de expandir la capacidad de la infraestructura carcelaria, habían logrado reducir para 2020 el hacinamiento hasta un 120.5 % –el nivel más bajo de las últimas dos décadas– las cárceles salvadoreñas estaban más cerca de ser centros de tortura que de cumplir con la función correctiva y de readaptación a la que, en principio, están llamadas las prisiones en cualquier sociedad moderna.

En las observaciones de su visita a El Salvador, realizada a finales de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resumía así ese panorama: "Además del hacinamiento observado, estos centros se caracterizan por deficiente infraestructura, insalubridad, ausencia de programas fundamentalmente para reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad que albergan a aproximadamente 16,000 personas, atención médica insuficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua".

En ese desastroso escenario, la falta de una verdadera política de reinserción era desde luego clamorosa. Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Centros Penales, para diciembre de 2019, del total de la población reclusa del país, apenas 3,675 internos participaban en programas de rehabilitación, lo que equivalía a solo aproximadamente un 10 % de todos los reos que por ese entonces se encontraban distribuidos en los 25 centros penitenciarios existentes.

Así, es lógico que las masivas redadas desatadas desde la entrada en vigor del régimen de excepción solo vendrán a empeorar esas ya lamentables condiciones. Si las cifras brindadas por el gobierno son ciertas, las más de 29,000 personas capturadas en el lapso de las últimas siete semanas habrán catapultado la cantidad total de reclusos hasta los 66,000, lo que significaría que más del 1 % de toda la población del país estaría ya tras las rejas.

Aparte de los condenables métodos que han permitido ese meteórico ascenso (vulneración del debido proceso, abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos, etcétera), la cifra lejos de ser motivo de júbilo alguno debería de increparnos sobre nuestro estruendoso fracaso como país al no haber podido atender de forma correcta las causas estructurales que generan la criminalidad. Y debería también de alertarnos, puesto que aun dando por sentado que la totalidad de los últimos capturados es culpable de algún crimen, algo que desde luego no es cierto, el enfoque punitivo impulsado por este gobierno solo terminará por agravar el estado de cosas actual. Sobre todo si, como está pasando, se mezcla a personas que ni siquiera han sido procesadas con criminales condenados, si dentro del sistema carcelario a los detenidos se les continúa negando salud, ocupación y mecanismos efectivos de reinserción, y si afuera de este, el trabajo en prevención sigue siendo nulo.

Lo que tendremos entonces serán prisiones abarrotadas en números récord, que no solo continuarán sin cumplir con el objetivo de readaptar a los internos –algo que por el contrario potenciará desde su interior una mayor sofisticación de la criminalidad– sino que encima se habrán convertido en potenciales bombas de tiempo, debido a su sobrepoblación. Al tiempo que los factores que nos condujeron a ser un país con una de las tasas carcelarias más altas del mundo continúan intactos.

Solo la mente de un alucinado pudo concebir que una desenfrenada ola de detenciones arbitrarias podía ser la solución a nuestros inveterados problemas de violencia y delincuencia. Encerrar a una amplia porción de la población, máxime si es de manera ilegal, sin ninguna perspectiva de futuro, no tendrá ningún final feliz. La medida podrá dar paso durante algún tiempo a una paz artificial y será sin duda una herramienta efectiva para el demagogo ansioso de ganar el favor de una tribuna popular sedienta de venganza. Pero definitivamente es contraproducente cuando de lo que se trata es de construir el futuro de un país.

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