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Caso LaGeo, recuento y evolución

En 2002, un grupo de altos funcionarios públicos avalaron un contrato que equivalía a la privatización de una empresa cuyo propietario era el Estado salvadoreño.
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Pero nadie puede vender un activo del Estado, que es una parte del patrimonio nacional, sin contar con la autorización previa de la Asamblea Legislativa, tal como lo establece nuestro ordenamiento legal y constitucional. El problema es que esos funcionarios prescindieron deliberadamente de dicha autorización.

En síntesis, de lo que se trataba era de transferir una de las empresas más rentables y estratégicas del Estado, LaGeo, única concesionaria de la explotación de nuestro recurso geotérmico, el vapor proveniente del subsuelo que produce la cuarta parte de la energía eléctrica disponible en el país, a una poderosa compañía transnacional llamada ENEL.

El hecho tuvo lugar durante la administración presidencial de Francisco Flores, pero sus repercusiones se han prolongado hasta el presente, provocando un litigio que puede tener muy graves consecuencias para nuestro país, particularmente en lo relativo a la soberanía sobre nuestros recursos naturales.

Resulta que cuando ENEL quiso hacer el traspaso de propiedad, al pretender agenciarse la mayoría accionaria de LaGeo, como según su interpretación se lo permite aquel contrato ilegítimo, ya el presidente de la república era Elías Antonio Saca, quien se opuso a dar cumplimiento a un contrato tan irregular, lesivo al Estado salvadoreño según la opinión de expertos como el doctor Luis Nelson Segovia.

Entonces ENEL recurrió a un arbitraje internacional, que finalmente emitió una sentencia a su favor. Pero hay que aclarar que ese tribunal de arbitraje no juzgó ni podía juzgar si el contrato en cuestión violaba o no las leyes de la república y la Constitución de El Salvador, sino solo si tal contrato, en los términos en los que fue firmado, permitía o no que ENEL pudiera convertirse en accionista mayoritario de LaGeo.

Con esa sentencia o laudo arbitral, que se reputa de obligatorio cumplimiento, la compañía transnacional ENEL sigue reclamando ahora el cumplimiento del contrato, y su exigencia es apoyada públicamente por FUSADES, ANEP y dirigentes y diputados del partido ARENA. Estos alegan que los compromisos contraídos deben honrarse y que los laudos arbitrales deben cumplirse, nos gusten o no, so pena de enviar una mala señal a la inversión extranjera.

En contrapartida, el presidente Mauricio Funes ha dicho claramente que, en defensa del interés nacional, no está dispuesto a consumar sin lucha la entrega ilegal e inconstitucional de un bien público a una empresa extranjera, y que persistirá en esa postura hasta donde los recursos legales se lo permitan. En todo caso, la sentencia arbitral no puede ejecutarse sin pasar por la consideración de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que homologarla con nuestra legislación.

Por ahora lo que el presidente Funes ha hecho es revelar una larga lista de oscuras irregularidades que hicieron posible lo que él mismo calificó como la gran estafa al Estado y al pueblo de El Salvador. El presidente Funes pidió además que se investiguen a fondo los hechos y las actuaciones de los funcionarios involucrados. Como consecuencia de esa denuncia, se han formado dos comisiones especiales, una en la Fiscalía General de la República y otra en la Asamblea Legislativa.

Unos de los primeros convocados por la comisión legislativa fue el abogado Juan Pablo Córdoba, quien compareció ante los diputados el pasado 21 de febrero. En su exposición, y desde la perspectiva jurídica, Córdoba historió el caso e iluminó una serie de aspectos relevantes del mismo. Considero importante que la sociedad conozca esa versión de los hechos. Por ello el próximo martes consignaré en esta columna algunos de sus puntos medulares.

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