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Catálogo de prácticas anti- democráticas...

La condena internacional contra el régimen venezolano ha sido demoledora. Las cancillerías de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Guatemala, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y la Unión Europea manifestaron su rechazo absoluto a la conducta tiránica y despótica de Nicolás Maduro. Mientras tanto los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y El Salvador respaldaron la votación de la que surgió la cuestionada asamblea constituyente.
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Según Luis Almagro quienes avalaron y defendieron la constituyente, en realidad apoyaron “el deterioro de la democracia y la consolidación del poder absoluto sobre todas las ramas de gobierno, el asesinato de civiles inocentes mediante el uso de la represión violenta y la completa desintegración del imperio de la ley”.

Esta situación le está permitiendo a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular a su secretario general, elaborar un “catálogo” de prácticas antidemocráticas que creímos erradicadas en pleno siglo XXI. Con el propósito de prevenir que la infección dictatorial de la patria bolivariana se propague al resto de América Latina, los gobernantes y la población están obligados a conocer y desmenuzar las amenazas, acciones y atropellos, ejecutados por Maduro y sus adláteres, que se detallan en los informes sobre la crisis venezolana presentados por el secretario Almagro al Consejo Permanente de la OEA en los meses de junio de 2016 y marzo y julio de 2017.

En su primer documento, después de compilar la historia de varios años de transgresiones democráticas y quebrantos a los derechos fundamentales, de muertes y de abusos que llevan a la restricción de las ideas contrarias al régimen y de graves cortapisas al acceso a la información pública y a la equidad electoral, Almagro concluye que existe una “alteración del orden constitucional, derivado de una gradual, sostenida y sistemática erosión de la democracia”.

En el segundo informe el secretario general listó una serie de recomendaciones orientadas a normalizar el funcionamiento del sistema democrático. Pidió el referéndum revocatorio de mandato, solicitó la liberación de todas las personas recluidas por razones políticas, reclamó el respeto al equilibrio de Poderes y requirió una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia.

En el último y más reciente dossier Almagro dictaminó que en Venezuela se ha “criminalizado el disenso” además de recordarle al mundo que Nicolás Maduro “ha venido aplicando deliberadamente una política de desmantelamiento paulatino de las instituciones democráticas del Estado como medio para mantenerse en el poder”.

El líder del organismo hemisférico reiteró que en Venezuela persiste la profanación ininterrumpida y progresiva de la Constitución y señaló que “se ha violado el derecho al sufragio universal” al evadir el referéndum como requisito antes de celebrar una asamblea constituyente. Almagro sentencia que Venezuela retrocedió y dio paso a un gobierno autoritario cuando colapsó el sistema de partidos, “que, aunque imperfecto, era democrático”, vacío de poder que fue llenado por la “revolución bolivariana” encabezada por Chávez.

La lectura reflexiva de los tres informes de Luis Almagro y su aplicación al caso salvadoreño nos muestra claramente dos cosas: la forma en que el partido gobernante avanza hacia la alteración del orden democrático; y la trampa mortal que significa el “estrangulamiento” de los partidos políticos con la consecuente asunción de “líderes mesiánicos”.

La trágica desventura venezolana nos invita a redoblar la defensa y el fortalecimiento de las instituciones públicas, la modernización de los partidos tradicionales, el surgimiento de nuevas opciones partidarias y de candidaturas independientes que renuncien al populismo y al clientelismo político como “estrategias” electorales, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la celebración de elecciones periódicas, libres, limpias y equitativas.
 

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