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Chalchuapa, o del drama de los desaparecidos

Sea cual sea el plan, debe incluir un debate amplio sobre el estatus jurídico de la persona desaparecida a todos los efectos, legislar acerca de los procesos de búsqueda y crear un flujo operativo transversal a las instituciones gubernamentales competentes, con énfasis en el rol de Medicina Legal. Y a la base, el compromiso de honrar la seguridad ciudadana sobre el terreno, reconociendo las limitaciones y las obligaciones del Estado en materia de recuperación del espacio público e ideando un sistema de alerta efectivo en auxilio de los cuerpos de seguridad.

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El Salvador conoce poco a poco el tamaño de la tragedia de Chalchuapa. Del hecho de sangre reportado originalmente se ha ido desarrollando una investigación policial y fiscal que apunta a un mayor número de víctimas.

Que se trate o no de un depredador criminal, sus motivaciones y si gozó o no de una red de apoyo para la comisión de los asesinatos, sólo se establecerá después de las pesquisas del ministerio público, que enfrenta el reto no menos formidable de precisar la identidad de las víctimas y proteger a sus familiares.

Un elemento fundamental de este caso es la impunidad con la que el o los victimarios han actuado; la cantidad de cuerpos de la que las autoridades hablan indica una operación criminal que difícilmente se circunscribe a este año. Eso sólo es posible en un país en el que la desaparición se ha naturalizado a tal punto que los comisionados para investigarla la relativizan, como ya pasó en el gobierno de Sánchez Cerén y está ocurriendo en este.

Según fuentes policiales, la detención del acusado de los asesinatos podría ayudar a resolver poco menos de dos decenas de denuncias de desaparición sólo en ese municipio; la mera hipótesis revela la convicción de que en un país con estos índices de violencia y el control territorial que las pandillas mantienen en varias zonas, las posibilidades de que una persona desaparecida sea encontrada con vida no son altas.

Este flagelo es transversal a la nación, y por eso requiere de un enfoque técnico, respeto a las víctimas, a sus familiares, y una lectura que no sea en la clave de paranoia y guerra política característica del Gabinete de Seguridad. Reconocer el fenómeno no equivale a dar por fracasado el Plan Control Territorial pero tampoco puede taparse el sol con un dedo. Menos propagandistas y opinadores y más criterio forense y científico le vendrían bien al gabinete al referirse a este tema.

El año pasado, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho presentó un estudio según el cual en los seis años previos la Fiscalía General de la República había registrado más de 22 mil casos de desaparecidos en el país. Aunque cifras de la Fiscalía reflejan una tendencia a la baja comparando los casi 3 mil 500 casos registrados en 2018 con los menos de 1 mil 500 del año pasado, la problemática es dramática.

Así como algunos fiscales, detectives y agentes policiales salvadoreños se convirtieron en expertos en el tema pandilleril luego de años de enfrentarse a ese fenómeno, el ministerio público debe desarrollar comprensión amplia, sin prejuicios ni lectura sesgada de este flagelo. Sin conocimiento, no habrá plan ni posterior estrategia, sólo declaraciones e interpretaciones coyunturales, como está siendo el caso en Chalchuapa.

Sea cual sea el plan, debe incluir un debate amplio sobre el estatus jurídico de la persona desaparecida a todos los efectos, legislar acerca de los procesos de búsqueda y crear un flujo operativo transversal a las instituciones gubernamentales competentes, con énfasis en el rol de Medicina Legal. Y a la base, el compromiso de honrar la seguridad ciudadana sobre el terreno, reconociendo las limitaciones y las obligaciones del Estado en materia de recuperación del espacio público e ideando un sistema de alerta efectivo en auxilio de los cuerpos de seguridad.

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