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“Chepe Diablo” y la corrupción en la clase política

Tienen los salvadoreños plena convicción de la corrupción de los políticos y de su fuerte relación con el narcotráfico y demás formas del crimen organizado.
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“Chepe Diablo” y la corrupción en la clase política

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La relación societaria del vicepresidente Óscar Ortiz con José Adán Salazar (“Chepe Diablo”), capo del cartel de Taxis, es solo un ejemplo de esa relación conocida a soto voces, y que lesiona profundamente la credibilidad de los partidos políticos, al grado de vislumbrarse el surgimiento de movimientos o grupos de distintas tendencias, pretendiendo actuar políticamente, pero manteniendo pureza ideológica y moral, alejados de los partidos tradicionales.

El diputado suplente por ARENA Marcos Salazar defiende a su hermano y socio José Adán Salazar, asegurando que nunca le han probado delito: se le investiga desde el año 2000 y solo ha sido encausado por evasión de impuestos. Dicha respuesta es desafiante ante los señalamientos públicos, pero del mismo tono fue la de Óscar Ortiz cuando se le inquirió sobre su relación con dicho narcotraficante: no es relación única, sino muy común entre los políticos. Indagando un poco más, se encontrarán las mismas relaciones con otros políticos.

Los ciudadanos sienten que la corrupción y la política son medio para asegurarse la impunidad, teniendo la cobertura de la estructura partidaria: “hasta que no me lo prueben judicialmente”. Sin embargo, va disminuyendo el voto duro de los partidos, pues las cúpulas excluyen a sus partidarios o restringen el voto interno, para conservar su cuota de poder y asegurarse candidaturas futuras.

Débese este fenómeno al alto costo de la campaña electoral: cada vez disminuye el activismo voluntario y aumenta el pagado aunque los partidos ofrecen a sus activistas salarios inferiores al mínimo. Los candidatos ofrecen a sus simpatizantes plazas públicas si son electos. Si sumamos los costos de una campaña: radio, televisión, vallas publicitarias y regalías, supera varias veces la deuda política: solo el día de las votaciones, un partido político gasta un millón y medio de dólares para la defensa electoral de su voto. Este costo obliga a la necesidad de echar mano de cualquier fuente de financiamiento: el dinero del narcotráfico es una oportunidad para disminuir sus costos, pero creando una relación de dependencia, ya sea directa o de algún allegado. Este proceder no escapa a la percepción ciudadana, que reacciona con repudio y apatía.

Las imágenes de pureza, rectitud y probidad que proyectan los funcionarios en tiempo de elecciones se vuelcan contra ellos, al difundirse hechos desvirtuando sus posiciones públicas: Muyshondt y Quijano, con sus negociaciones con las maras, la del diputado Carlos Ruiz y otros líderes históricos del FMLN, que poseen empresas “offshore”, y han podido retirar del país doscientos noventa punto seis millones de dólares, evadiendo impuestos y beneficiando a sus propietarios. Todo contradiciendo la publicidad de ALBA y las exigencias de Sánchez Cerén, para con todas las empresas salvadoreñas.

En una siguiente reacción de la sociedad, aparece la acción política, ajena a los partidos. Ya se han dado estas reacciones: los movimientos anticorrupción muéstranlo. Se ha visto actuar conjuntamente a ambas tendencias, teniendo por denominador común el desencanto con la clase política. En una tercera reacción, viene el movimiento, que inevitablemente, desembocará en un partido político, pero esta vez representando claramente sus intereses ideológicos y, casi siempre, en forma radical.

Igual proceso se ha dado en España: la sociedad, cansada de la corrupción de los partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, ha sido sorprendida por el rápido crecimiento de “Podemos” y “Ciudadanos”. Igual fenómeno fue el que permitió en el Perú la llegada de Alberto Fujimori al poder y que pone hoy a su hija en el mismo camino.

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