Cierre de empresas y extorsiones

El problema se resolvió, pero las palabras del flamante funcionario responsable de atraer inversiones y fomentar las exportaciones siguen flotando en el ambiente: “El cierre de empresas es normal en una economía”.
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Y el señor tiene razón, aunque no se sabe si la tranquilidad con que lo afirma se debe a que son más y mejores las que inauguran que las que clausuran un negocio. Pero si esto último estuviera ocurriendo, la economía no iría de mal en peor y, por el contrario, sería un indicio de que el país sigue ofreciendo un clima, si no ideal, por lo menos no hostil para el emprendimiento.

Con todo, el señor sigue teniendo razón porque así lo sugiere la lógica en una economía de mercado. Las empresas surgen, se desarrollan o desaparecen, en función de una consideración racional y efectiva del “factor riesgo”. Pero aunque este encaje perfectamente en la ecuación de las expectativas racionales, un fenómeno como es el de las extorsiones puede dar al traste hasta con el más floreciente de los negocios. Es más, aunque muchas empresas consideren en sus costos dicho despojo y lo trasladen al consumidor, es el sentirse en un total estado de indefensión lo que más las empuja a tomar decisiones extremas como el cierre de operaciones.

Todas estas empresas, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios, su tamaño o el giro de sus negocios, han dejado tras de sí costos económicos y sociales enormes y difíciles de recuperar, especialmente si el país sigue por la misma ruta equivocada. No sabemos si el MINEC o el Ministerio de Trabajo llevan estadísticas, ya no sobre “la pérdida de bienestar”, sino del valor de las inversiones que se han perdido por el cierre o la emigración de empresas, los puestos de trabajo destruidos, los ingresos que ha dejado de percibir el fisco, para no hablar de sus implicancias en los índices delincuenciales. Siendo así, el fenómeno no debería ser visto como “normal”.

Más censurable resulta la opinión de otro alto funcionario de que son las mismas empresas las responsables de que las extorsionen, al aceptar sin remilgos pagar la “renta”. Acusarlas de ello es la excusa más sórdida que hemos escuchado en los intentos de desviar la atención del fracaso de los planes gubernamentales para enfrentar con eficacia y solvencia dicho fenómeno. Según esta versión, ahora los empresarios ya no solo son apátridas por no invertir en el país, sino además cómplices de la delincuencia. Esto me recuerda la apología del delito que hizo el gobierno del expresidente Funes cuando desvió recursos del programa PATI, supuestamente para ayudar a llevar alivio a las familias de los pandilleros.

En lo que no parece reparar el gobierno es en que para que los negocios florezcan necesitan, además de seguridad, sana competencia, reglas claras y predecibles, impuestos no confiscatorios, infraestructura y servicios esenciales de calidad, seguridad jurídica, recursos humanos calificados y, de manera determinante, relaciones armoniosas entre el gobierno y la empresa privada. En todos estos temas, las empresas cargan con costos exorbitantes y, para colmo de males, el gobierno califica su comportamiento como voraz e insensible ante las necesidades de la población, sin duda contaminado por el discurso del gobernante venezolano. Aquí podría encontrarse, incluso, una explicación al rumor que anda circulando de su intención de meter las manos en la elección de la futura dirigencia de la ANEP.

En vez de eso, el gobierno debiera hacer lo que le corresponde en casos como el comentado, porque según la noción más extendida, en el problema de la extorsión no solo están involucrados elementos pandilleriles, sino hasta el crimen organizado. La buena noticia es que la empresa que se ha convertido en víctima símbolo de ese flagelo ya reanudó sus operaciones. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no tienen el prestigio de ser parte de una transnacional? Sin duda, por esta última razón, el caso de la embotelladora de agua ya trascendió las fronteras nacionales, para estigmatizar más la imagen del país. Y esto, señores del gobierno, también cuenta. Y mucho.

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