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Lo único que falta es que el Gobierno salvadoreño concluya que la solución al problema de las pandillas es que todos nos volvamos pandilleros.
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Nuestras autoridades ya intentaron congraciarse con ellos, convirtiendo algunos penales en “El día de los verduleros”. Ya se sentaron a negociar con ellos, empoderándolos como interlocutores del Estado (una estupidez de la que, según se supo en las últimas horas, Funes y su corte no tuvieron el copyright). Ya admitieron que no bastó con la Policía Rural, elegante nuevo nombre para lo que en la práctica no fue sino una desvitaminada Policía de Hacienda. Y sobre todo, ya admitieron que una de las opciones que se las ha ocurrido es tomar medidas inconstitucionales.

¿De qué estamos hablando en El Salvador? Quitémonos los sacos, las corbatas, los eufemismos y las leguleyadas: Se le quiere declarar la guerra a las pandillas, y para ir a la guerra, a la autoridad le estorban esas tonteras del hábeas corpus, derecho de reunión o presunción de inocencia. Nadie puede emprender una escalada represiva con esos malditos primeros 13 artículos de la Constitución, ¿no?

Ojo, no es cualquier conflicto. El Gobierno quiere entrarle a una guerra curiosa. ¿Quiénes son los líderes del otro bando? Hasta donde la ciudadanía entiende, los que ya están identificados guardan prisión, teóricamente sometidos al ejercicio punitivo del Estado. ¿O sus líderes son los Spunky, Peanuts y Kranky que extorsionan por centavos a la señora de la tienda en una miríada de pasajes en el San Salvador de renta baja? ¿O para ser jefe pandillero no se necesita tener pintada la cara y se puede vivir de la renta sin ser marginal? ¿O es un enemigo que solo tiene soldados? ¿Adónde está atrincherado? ¿Tiene entrenamiento militar? Si lo tiene, es una pobreza, porque cada vez que se enfrenta a las fuerzas oficiales, la pandilla es la que pone los muertos.

Si el Ejecutivo no lo tiene claro, nunca pasará del plano de lo fenoménico. Y si lo tiene claro, debe explicárselo a los ciudadanos letra por letra. ¿O pretenden que la nación les dé un cheque en blanco sin siquiera un susurro quejoso? Eso solo lo hacemos en época de elecciones.

Disculpen mi falta de entusiasmo. Los franceses se lo tomaron con más patriotismo en 1940, pero la crisis de seguridad que sufrimos y la publicitada respuesta gubernamental de esta semana no se empatan. La crisis es tal que muchos de nuestros compatriotas ya no gozan del derecho de circulación, sus moradas ya no son inviolables, se les somete a pesquisas regularmente y su dignidad ha sufrido daños sistemáticos e irreparables. Todos esos vejámenes son infringidos por delincuentes de poca monta que sembraron en los suburbios y en las zonas marginales, ahí adonde la exclusión es parte del paisaje, y ahora cuentan con un brazo delictivo bien organizado, y son la ley y el juez en reinos de una cuadra.

Si para restablecer el orden en esos lugares el Estado necesita medidas excepcionales, habremos perdido la confianza en las instituciones, tan desesperadas como los de a pie.

La indignación es un derecho ciudadano; el hígado es un lujo que los gobernantes no pueden permitirse.

Debo reconocerlo: incluso los que tenemos una debilidad por Fellini nos sentimos ofendidos por la escena de los pandilleros y las desnudistas. Pero nuestras vísceras se equivocan. Antes que indignarnos por la molicie de la que gozan los líderes pandilleros encarcelados, hagámoslo por lo que ocurre en Casa Presidencial. Ahí es adonde, desde la administración anterior, las maras han tenido su casa de citas.

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