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La noción de los abusos de autoridad en aras de la seguridad pública ha sido fácil de digerir por la ciudadanía.
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Mucho del mejor periodismo que hay en el país valientemente ha denunciado ejecuciones, intimidación y violaciones al debido proceso; nadie se ha sorprendido. Las reacciones a esa terrible verdad sobre nuestra Policía oscilan entre una disimulada indignación y un nada disimulado entusiasmo.

Esa apatía sobre el tema, y ni qué decir de la fruición con la que muchos compatriotas leen sobre las ejecuciones y los vejámenes es mérito comunicacional del Estado, que a través de sus sucesivos administradores vendió a la violencia como panacea para la violencia.

Los funcionarios, desde Francisco Flores hasta Sánchez Cerén, fueron construyendo esa narrativa en cámara lenta, y en la medida que la realidad fue arrojando más agentes y soldados asesinados, el discurso se fue simplificando, admitiendo menos palabras, hasta reducir conceptos como hábeas corpus, presunción de inocencia o término de la detención a meros eufemismos.

Si en nuestro país aún quedan demócratas, este curso de la historia no puede considerarse sino una derrota. Apenas un cuarto de siglo después del informe de la Comisión de la Verdad, que estableció con meridiana precisión el rol jugado por los cuerpos de seguridad en la instalación del terror como política del régimen militar, no se percibe en nuestra sociedad una preocupación por la garantía irrestricta a los derechos humanos.

Todo el siglo pasado, generaciones de salvadoreños nos resignamos a un modo de vida al margen de los principios del Estado de derecho. Los acuerdos de paz marcan el reconocimiento nacional de ese estatus natural como uno anómalo y perverso, y la necesidad de reandar la historia. Y en ese proceso se decide acabar con el dominio militar y crear una Policía que no se pareciera en nada a “la Policía”.

Por eso es que de los ocho códigos de conducta de los agentes establecidos como obligatorios en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, dos tienen que ver con el respeto a los detenidos y la prohibición de la tortura. Por eso, en el acto mismo de su fundación, se le ordena actuar “con estricto apego a los derechos humanos”.

Hace 10 meses, el vicepresidente de la República, cuyas declaraciones en materia de seguridad nunca deben tomarse a la ligera toda vez que es el “kingpin” anticrimen de esta administración, decía al hablar de las Fuerzas Especializadas de El Salvador: “Ojalá, primero Dios, y por el bien de la patria, en un futuro no se cuestione la estrategia, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora con el apoyo del país de seguro habremos comprometido el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Como él, muchos otros funcionarios aluden a unos deberes crípticos, a “hacer lo que hay que hacer”, a una tarea que se asume con pesadumbre. Es una manera hipócrita de referirse a la militarización de la seguridad pública y al debilitamiento de las garantías constitucionales al que los ciudadanos estamos expuestos cuando las fuerzas élite entran al campo de acción.

Los familiares del personal de seguridad asesinado en cumplimiento de su deber merecen todo nuestro respeto y solidaridad, así como un acompañamiento del Estado que vaya más allá de los dobleces del Dios, Unión, Libertad. Mas la reflexión a la que los salvadoreños estamos obligados hoy no es solo a que estamos perdiendo policías como efectivos de una guerra no declarada; estamos perdiendo a la Policía.

Si con la justificación de una cruzada antipandillas aceptamos que los agentes actúen al margen de la ley habremos perdido todos, y la Policía Nacional Civil lo habrá perdido todo.
 

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