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Comicios legislativos y municipales sui géneris

Estamos tan familiarizados con actitudes y hechos amañados en nuestro país, cometidos por personas de diferentes estratos, que inconscientemente asociamos casi todo lo que ocurre en los diferentes ámbitos del quehacer cotidiano nacional con procedimientos que cualesquiera supone que lindan o están dentro de lo ilegal.
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La sabiduría popular señala que “en río revuelto, ganancia de pescadores”, y es que basta observar lo que ocurre con el problema de la inseguridad social y la galopante delincuencia, para darnos cuenta de que a ciertas personas y empresas que funcionan en el país les favorece la situación caótica en la que nos encontramos inmersos, sencillamente porque les permite lucrarse con negocios que no serían tan rentables si tuviéramos un país donde imperaran el orden, el Estado de Derecho, la institucionalidad y la seguridad social.

Los recién pasados comicios municipales y legislativos constituyen una evidente muestra de que hasta la voluntad popular ciudadana plasmada en la emisión del sufragio durante los procesos eleccionarios puede ser manipulada por intereses oscuros de individuos que persiguen o intentan que el país continúe inmerso en el marasmo moral, político y delincuencial en que nos encontramos hoy día.

Las recientes demandas interpuestas ante la Sala de lo Constitucional por algunos candidatos inconformes con los resultados obtenidos después del escrutinio electoral –que jamás necesitó tanto tiempo para proporcionar los resultados, como ha ocurrido en los pasados comicios– es una evidente muestra de que algo no anda bien en la institución encargada de dirigir los procesos electorales.

Ni en la época de las dictaduras militares, donde los fraudes electorales se hacían a plena luz del día, existían tantos problemas como los ocurridos en las pasadas elecciones, que después de más de un mes y medio de realizadas, no se han podido poner en claro algunas anomalías en el conteo de votos, especialmente en el municipio de San Salvador.

Es comprensible que la implementación del voto cruzado en estos comicios –para lo cual no estaban entrenados adecuadamente los integrantes de las mesas receptoras de votos– contribuyó para que el conteo de los mismos no se hiciera de forma adecuada, amén de la mala fe con que actuaron algunos integrantes de las mesas receptoras de votos en el llenado de algunas actas durante el escrutinio, quienes se supone que alteraron algunos datos en los totales de votos.

Sin embargo, no es correcto responsabilizar a personas o instituciones en forma individual, porque en el problema han estado involucrados tanto el TSE por su poca experiencia, como la Sala de lo Constitucional que emitió en forma tardía resoluciones que hicieron más complejo el proceso, sin permitir extender el tiempo de realización de los comicios.

Así las cosas, el TSE se encuentra actualmente con el problema de tener que realizar el recuento de votos en más de 2,000 urnas del municipio de San Salvador, con un personal reducido y con recursos económicos exiguos para poder hacerlo en el tiempo exigido por la Sala de lo Constitucional.

Este ha sido uno de los procesos electorales más complejos que han existido en el país, donde se ha puesto de manifiesto que las cúpulas partidarias son en última instancia las que determinan quiénes deben ser las personas que ocupen las curules en la Asamblea o la integración de los concejos municipales, ya que tienen la capacidad de poder alterar los datos a su antojo en las actas enviadas al TSE.

Quien pierde cuando ocurren estas situaciones es la incipiente democracia del país, ya que los electores podrían ir perdiendo la confianza en los procesos electorales.

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