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¿Cómo descubrir las corrientes del pensamiento jurídico?

Nuestra Constitución establece que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) elaborará una lista de candidatos para el cargo de magistrados de la Corte, donde deberán estar representados “las más relevantes corrientes de pensamiento jurídico”.
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Esta disposición tiene su origen en las reformas constitucionales de 1991, orientadas a sentar las bases de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, en todas las elecciones de magistrados que hemos tenido hasta el momento, no ha pasado de ser una frase adornada, a la que no se le ha presentado la importancia debida.

Las corrientes del pensamiento jurídico, según la jurisprudencia constitucional, se refieren a visiones, teorías o concepciones del derecho, es decir, a los sistemas de pensamiento, visión de mundo o conjunto de ideas fundamentales del magistrado sobre el papel del derecho en la sociedad, su relación con el poder, la moral y los valores.

Es sumamente importante conocer cuál es la corriente de pensamiento de un candidato a magistrado, toda vez que eso arrojará indicios sobre el razonamiento que utilizará para tomar decisiones de llegar a ser elegido.

La Sala de lo Constitucional ordenó que las deliberaciones del CNJ se realizaran de manera documentada, motivada y bajo un proceso deliberado y público, y fue por eso que la ciudadanía tuvo la oportunidad –en el año 2015– de escuchar que a los candidatos en ese entonces se les preguntaba sobre su corriente de pensamiento jurídico.

En esas entrevistas del CNJ, algunos candidatos manifestaron que se adherían a corrientes iusnaturalistas, positivistas, neo positivistas, positivistas realistas, humanistas, pacifistas, e incluso llegaron a escucharse respuestas en las que los candidatos decían adherirse a la Constitución, a alguna religión, a Dios, y hasta adscritos a la tridimensionalidad del derecho.

Por eso es que la semana pasada organizamos un foro en el que discutimos sobre las corrientes del pensamiento jurídico. En el referido foro conversamos sobre el formalismo, el antiformalismo, el positivismo, el realismo jurídico, el constitucionalismo y el pospositivismo, entre otras corrientes.

Sobre esa discusión, queremos destacar algunas conclusiones: En primer lugar, es necesario promover el pluralismo de ideas en la Corte. La pluralidad de concepciones del derecho favorece mejores soluciones jurídicas a un mismo asunto, puesto que con ello se impone la consideración de alternativas y se combate el dogmatismo.

En segundo lugar, el CNJ primero y la Asamblea Legislativa después, deben utilizar procedimientos públicos, transparentes y adecuados que permitan identificar la concepción jurídica de los candidatos a magistrados, de modo que todos tengamos la posibilidad de reconocer la variedad de perspectivas metodológicas que influenciarían en las decisiones de esas personas, de llegar a convertirse en magistrados.

Y en tercer lugar, es imprescindible entender que no es preguntando directamente cuál es la concepción del derecho que un candidato tiene como de verdad vamos a conocer su potencial postura frente a un problema jurídico; ni tampoco es apropiado preguntarles cómo resolverían un caso concreto porque se le coloca al candidato en una posición en la que podría estar anticipando criterio.

Lo que se impone es realizar investigaciones y entrevistas en las que podamos conocer –por ejemplo– la posición adoptada para resolver casos anteriores, o los argumentos usados para defender una postura, o la coherencia de su discurso frente a problemas complejos.

Deben realizarse preguntas sobre sus criterios metodológicos para resolver, más que sobre la solución concreta a un caso, y cuestionar a los candidatos sobre sus ideas en relación con los jueces y la política, o la conciencia que tengan sobre las implicaciones económicas de las decisiones judiciales o su postura frente a la relación que debe existir entre los jueces y la prensa por mencionar tan solo unos ejemplos.

Ojalá nos comiencen a escuchar en el CNJ y la Asamblea. Nosotros seguiremos insistiendo.
 

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