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¿Cómo mediremos la responsabilidad del nuevo gobierno?

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Joaquín Rivas Boschma

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El ánimo de nuestra constitución política promueve elegir gobernantes a personas que posean la mayor capacidad para discernir y la mayor virtud para perseguir el bien común de la sociedad. Tomando eso de base, se infiere que todo funcionario, desde el presidente, debe ser capacitado en la administración de los ciudadanos, y en la gestión de la cosa pública. Si el gobernante falla en esa responsabilidad, los votantes darán su voto para sancionar al partido del gobernante, en lugar de elegir al mejor candidato.

Esto ocurrió en las elecciones del 3F, en las cuales la población dio su voto de sanción, tanto al gobernante como a los partidos políticos dominantes de la esfera política del país. La información disponible para los electores fue, precisamente, la relacionada con el desempeño del gobernante, así como de la actuación, tanto de ARENA como del FMLN, y utilizaron esa información, sustentada en el pasado, para escoger un mejor gobierno para el futuro.

La visión de votar en retrospectiva sirve, de acuerdo con expertos, como una amenaza para encauzar, al futuro gobierno, a actuar correctamente en el futuro. Ese fue el caso, los votantes se empoderaron para elegir al mejor gobernante y a los "buenos políticos", aquellos que demuestren ser honestos y se comprometen a mantener un comportamiento correcto durante el ejercicio de su cargo.

El artículo 235 de nuestra Constitución Política establece lo siguiente: "Todo funcionario civil o militar; antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes". Partiendo de lo establecido, los ciudadanos pueden demostrar su capacidad de controlar los actos del gobierno, mediante el mensaje al gobernante y funcionarios electos, que tendrán que dar cuenta de sus acciones presentes y pasadas, durante el periodo en el cual gobiernan. El dar cuenta de sus acciones quedará enmarcado en cuanto al grado de "responsabilidad" de las personas a cargo del gobierno, sobre esas.

Los ciudadanos pueden medir el desempeño del gobernante y funcionarios electos con base en que actúen de acuerdo con el interés de la población y forzar en corregir lo que sea necesario, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política. Las opciones que los ciudadanos tienen para ejercer presión ha sido mediante la amenaza de votar para elegir en el cargo al gobernante que sea el designado por el funcionario saliente, siempre y cuando este ha actuado en función de los intereses de la ciudadanía. Lo anterior ya se ha dejado sentir, en nuestro país, por medio de mensajes dirigidos a los diputados en las redes sociales, que no votarán por ellos en 2021.

Los políticos en el gobierno pueden mostrar un espíritu público consecuente con los ciudadanos, hacer cosas diferentes, perseguir metas propias, enriquecerse a expensas de los ciudadanos o definir políticas que satisfacen los intereses de grupos particulares. En ese sentido, para medir la responsabilidad del gobernante y los funcionarios electos, se tiene que establecer un marco de transacciones definido por el nivel de actuación esperado, sustentado en indicadores de desempeño para evaluar al gobierno, en materia de seguridad, salud, educación, economía. Esto daría transparencia en cuanto al desempeño del gobierno en función de criterios preestablecidos.

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