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Como país tenemos que estar suficientemente preparados frente a todas las contingencias de alto riesgo que se puedan ir presentando

En lo que se refiere a la violencia criminal, el país vive en el filo de la navaja. Cualquier movimiento mal realizado puede ser fatal; y la falta de una política que integre esfuerzos de contraataque dentro del marco de la ley pero con la fuerza y la efectividad que se hacen indispensables sigue siendo la gran falla estratégica que más daño produce.
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Basta un somero recorrido por los distintos espacios de la realidad nacional actual para comprobar que los salvadoreños estamos cada vez más expuestos a situaciones complicadas y desafiantes que muy frecuentemente llegan al punto de crisis. Lo hemos experimentado en el tema fiscal, que sin duda es de los más espinosos en este momento; lo estamos viviendo en el plano político con las fisuras y aun rupturas derivadas del ejercicio de definición de candidaturas para los comicios del próximo año; se hace patente en el manejo concreto de la lucha contra la corrupción, que genera controversias constantes y presenta aún una gran cantidad de cabos sueltos; y así podríamos seguir en la enumeración. Gran cantidad de energías nacionales son absorbidas por todas estas dinámicas, lo cual impide o al menos dificulta que se le dé la prioridad debida a la búsqueda de soluciones para cada uno de estos casos.

Ahora se nos viene otro desafío que puede tener consecuencias de alto riesgo en todos los sentidos: el punto de la deportación de connacionales desde Estados Unidos, por efecto inmediato de la política antiinmigratoria que está impulsando de modo intensivo y trepidante la nueva Administración estadounidense que entró en funciones el recién pasado 20 de enero. Según cifras dadas a conocer por la Dirección de Migración y Extranjería, en los primeros 6 meses del año en curso ya hay más deportados pertenecientes a pandillas que en todo el año 2016. Los simples números revelan la gravedad de este fenómeno en marcha, que de seguro está en vías de incrementarse porque las medidas de expulsión van en aumento.

Lo anterior será sin duda un ingrediente altamente explosivo para la realidad nacional, ya sobrecargada de factores de riesgo creciente. Ante el hecho de esta corriente de retorno tan peligrosa en sí, se ha dispuesto ya legalmente darles seguimiento en el país a los deportados con antecedentes criminales. Esto, por supuesto, ni de lejos resuelve el problema; y habrá que hacer mucho más para evitar, en la medida de lo posible, que las cosas se sigan saliendo de control en lo que se refiere a la incidencia cada vez más agresiva del crimen organizado.

En lo que se refiere a la violencia criminal, el país vive en el filo de la navaja. Cualquier movimiento mal realizado puede ser fatal; y la falta de una política que integre esfuerzos de contraataque dentro del marco de la ley pero con la fuerza y la efectividad que se hacen indispensables sigue siendo la gran falla estratégica que más daño produce. Lo que urge es alinear voluntades y fuerzas, aun las que parecen más enfrentadas dentro de los marcos políticos e institucionales, para encarar toda esta problemática que lejos de aliviarse cada día se trastorna más.

Los salvadoreños, independientemente de procedencias y filiaciones, tenemos que reconocernos como responsables del destino común, y dentro de esa vía hay que actuar siempre. Ningún alineamiento parcial puede dar resultados decisivos, y eso está más que probado en los hechos. Ahora lo que se impone es funcionar de veras con sentido de país, porque las tareas más importantes y determinantes por hacer sólo en esa forma pueden salir adelante.

Más que señalar acontecimientos hay que planificar estrategias adecuadas y consistentes. Es indispensable planificar a fondo las respuestas a los desafíos. Es lo que no se ha hecho hasta el momento y lo que ya no puede esperar más.
 

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