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¿Cómo salvar más vidas, penalizando el aborto o despenalizándolo en casos excepcionales?

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Alberto Arene / Economista/analistaInternacionalmente

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Donde está penalizado el aborto, las iniciativas de despenalización dividen y polarizan aunque se limiten a casos excepcionales. Desde 1998 El Salvador lo penalizó totalmente reformando el Código Penal y prohibiéndolo en sus modalidades terapéutica (para salvar la vida de la madre y la salud física o mental de la gestante), eugenésica (cuando se detecte una deformidad o enfermedad grave en el producto de la concepción) y criminológica (embarazo consecuencia de un delito de naturaleza sexual como violación o estupro). El proceso que condujo a dicha reforma fue caracterizado de “apresurado, antidemocrático y tensionado por intereses electorales” en una de las investigaciones más rigurosas sobre la historia legal de dicho delito (Oswaldo Ernesto Feusier, “Pasado y presente del delito del aborto en El Salvador”, Departamento de Ciencias Jurídicas, UCA).

En El Salvador el personal médico no puede proponer a una mujer la opción de interrumpir un embarazo que ponga en riesgo su vida o su salud por una enfermedad preexistente. Y ante un embarazo ectópico tubárico en que el embrión se instala en las trompas de Falopio, sin que pueda sobrevivir, no se puede interrumpir el embarazo hasta que pare el latido fetal, poniendo en grave riesgo a la mujer. Por esta razón, 30.8 % de las muertes maternas son por causas indirectas, que podrían ser evitables, dificultando –además– que el sistema de salud siga disminuyendo la tasa de mortalidad materna.

En 2015 hubo en El Salvador 25,132 niñas y adolescentes embarazadas, el 30 % de todos los embarazos del país, 1,445 tenían entre 10 y 14 años. Ninguna tuvo la opción de interrumpir un embarazo que fue producto del incesto, abuso o violación, con sus nefastas consecuencias.

Según un nuevo estudio de la OMS y el Instituto Guttmacher, de 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año (45 % del total), la mayoría (97 %) en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. El estudio confirma que restringir el acceso al aborto no tiene ningún efecto en reducir el número de estas intervenciones médicas y solo aumenta las que se realizan en condiciones inseguras.

La semana pasada el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su discurso anual ante la Sesión 37 del Consejo, se refirió ampliamente a la situación de los derechos humanos en El Salvador (ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de las fuerzas de seguridad, elevada tasa de feminicidio y criminalización del aborto). Respecto a estos dos últimos dijo: “La situación de las mujeres y las niñas en el país sigue siendo profundamente preocupante, ya que las tasas de homicidio y violencia contra las mujeres figuran entre las más altas de la región y, con frecuencia, se cometen con impunidad. Durante mi misión a El Salvador en noviembre, me conmovió el impacto draconiano de la prohibición absoluta del aborto en el país. Desde octubre del año pasado, al menos 159 mujeres han sido encarceladas desde 1998 bajo esta legislación, más de 20 de ellas por ‘homicidio agravado’ y condenadas a entre 30 y 40 años de cárcel. Muchos dicen que de hecho sufrieron abortos u otras emergencias obstétricas, y que todas las detenidas actualmente son pobres... El Salvador debe suspender la aplicación de esta legislación mal concebida e inmediatamente revisar todos los casos en que las mujeres han sido detenidas por delitos relacionados con el aborto”. Despenalizando el aborto para los casos excepcionales, con educación sexual y reproductiva, se reducirían mucho más los abortos y se salvarían muchas más vidas que prolongando la penalización defendida por los que se autocalifican como pro-vida.

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