Cómo superar la confrontación y el entrampamiento por la reforma de pensiones

El “Plan Cáceres” es el último salvavida del Gobierno para evitar el agravamiento de la situación fiscal, el default y la implementación de un severo ajuste fiscal con severas consecuencias económicas, sociales y de gobernabilidad.
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El país se dirige hacia una crisis fiscal con nefastas consecuencias económicas, sociales y de gobernabilidad. Esta hoja de ruta estaba clara desde el gobierno anterior. Aún más cuando recibió el estudio que calculó las dimensiones y vencimientos de la deuda de las pensiones al que se introdujo en la transición el nuevo secretario técnico de la Presidencia, cuyos resultados eran conocidos por el viejo ministro de Hacienda que continuó en el nuevo Gobierno. En este contexto, es increíble pero cierto que un año tardó el presidente de la República en convocar al gabinete económico para analizar por primera vez los escenarios de la crisis fiscal y previsional. Desde entonces se impuso progresivamente el enfoque del ministro Cáceres de resolver el problema fiscal del Gobierno interviniendo y reformando el sistema privado de pensiones con el llamado “Plan Cáceres”. En ausencia de otras visiones y estrategias consensuadas, este es el último salvavida del Gobierno. Pero solo es aparente, porque lo conducirá inexorablemente a la confrontación y al entrampamiento. ¿Cómo superarlos?

Cómo piensa el Gobierno “resolver” el problema fiscal con la reforma de pensiones? Sacando el dinero de las contribuciones de los cotizantes para financiar la mitad del déficit fiscal y trasladando al Estado la deuda previsional con las AFP, es decir, eliminándola contablemente pues el Estado no puede deberse a sí mismo. Así reduciría 15 puntos el endeudamiento público respecto al PIB (de 61-62 al 45-47%), abriendo correlativamente un nuevo espacio de endeudamiento para los tres años restantes que le quedan. Así pospondría el default (cese de pagos de deudas y gastos diversos) y el ajuste fiscal (aumento de impuestos y recorte de gastos e inversiones), tirándole la bomba fiscal para que le reviente al próximo Gobierno y la bomba previsional a las próximos gobiernos y generaciones.

En ausencia de una visión y estrategia integral de sostenibilidad de la deuda pública de mediano y largo plazo, (con reforma previsional incluida) y de un acuerdo nacional, la reforma propuesta es el último salvavida que le queda al Gobierno para evitar que se agrave la situación fiscal, el default y la implementación de un severo ajuste fiscal con drásticas consecuencias económicas, sociales, de gobernabilidad y político-electorales. Debemos comprender la crítica situación del Gobierno y del país. Desde allí y desde el interés nacional encontrar juntos un camino hacia la solución.

Una primera perspectiva de solución fue propuesta por dos buenos economistas y ciudadanos en el “Debate con Nacho Castillo” esta semana. Luis Membreño plantea con razón que hay que aprovechar los ahorros diversos de la drástica caída de los precios del petróleo y de los precios de las commodities que facilitan una transición para buscar una solución integral, agregando que debe aprobársele al Gobierno los $300 millones que necesita urgentemente para resolver sus problemas inmediatos de caja hasta que entren los primeros pagos de los impuestos sobre la renta en abril y mayo. Asimismo, Santiago Ruiz, vinculado históricamente al Partido Comunista y al FMLN, planteó la necesidad que se separe la problemática fiscal de la de las pensiones, afirmando, además, que el Gobierno del FMLN debe situarse desde la perspectiva de los trabajadores.

Desde esta doble perspectiva, se podría negociar y abrir el espacio temporal para tratar por primera vez de manera sistemática y con la mejor asesoría nacional e internacional, una estrategia integral de sostenibilidad de la deuda pública (que conlleva una estrategia de altas de inversión y crecimiento) y de reforma integral del sistema previsional. Esto requiere que tanto el Gobierno como la oposición salgan de sus respectivas posiciones cerradas y se abra –separadamente- el camino de la discusión estratégica de ambas problemáticas que debieron ser abordadas seriamente varios años atrás, y nunca se hizo. Óigase, ¡nunca¡

El gobierno del partido y el partido del gobierno tendrán dudas de este camino, argumentando que será aprovechado por la oposición para ganar tiempo y al final no aprobar nada, con la intención de desgastarlo para capitalizarlo en las próximas elecciones legislativas y presidenciales después que el gobierno caiga en default e implemente el ajuste. La oposición contemplará negarse a aprobar el mínimo financiamiento requerido argumentando que le prolongará el espacio fiscal al Gobierno para que siga gastando irresponsablemente, sin tampoco apoyar la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal. Ambas preocupaciones son legítimas.

Pero el Gobierno debe saber que si logra por un pelo la aprobación de la reforma -con las respectivas protecciones y alivianes- tendrá inmediatamente después a buena parte del país en su contra, y recursos de inconstitucionalidad que podría aceptar la Sala de lo Constitucional con todo y medida cautelar, dejando sin efecto temporal la aplicación de la ley.

La crítica situación de las finanzas públicas y de las pensiones deben ser abordadas seria, sistemática y separadamente por los mejores expertos nacionales con la mejor asesoría internacional. Dos temas muy complejos y diferentes vinculados fiscalmente. Y las mejores soluciones y estrategias deben, por primera vez, ser estudiadas y discutidas por el país, el Gobierno y la oposición. Este es el camino.

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