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Compromiso de país

Millones de ciudadanos (jóvenes y adultos, hombres y mujeres, empleados y jubilados, estudiantes y profesionales, manifestantes y agitadores) protestan en las calles en distintos países. Los disturbios callejeros parecieran ser más de carácter social que político. Este fenómeno es un "tsunami popular" de impacto mundial. Los gobernados tienen en jaque a los gobernantes de varias naciones.

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Rafael Ernesto Góchez

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Los motivos de estos estallidos sociales son diversos. No todos los que protestan en Colombia lo hacen por las mismas causas. No todos los que reclaman en Chile lo hacen por las mismas razones. Parece que es un conjunto de factores, entre los cuales se destacan los siguientes: desfavorables condiciones laborales, elevado costo de la vida, precariedad de las pensiones, difícil acceso a la salud pública, inseguridad ciudadana, impunidad, desempleo y alto endeudamiento familiar.

La hipótesis dominante es que la dignidad ciudadana se está haciendo escuchar y contagiando a numerosas ciudades. De aceptarse esta hipótesis y dado que las protestas no contienen propuestas coherentes para atender las demandas sociales, los desórdenes públicos podrían ser fruto de (1) el hartazgo de los gobernados de quienes ejercen unilateralmente el poder, (2) las promesas incumplidas y la torrencial corrupción, y (3) la capacidad –de las redes sociales– de aglutinar y expresar rápidamente un sentimiento colectivo en contra del statu quo y del abuso de poder.

Este retador panorama sugiere que los salvadoreños deberíamos valorar y aprovechar la relativa estabilidad que actualmente goza el país. La mejor actuación de los tomadores de decisión sería que –con sabiduría y madurez– procedieran a (1) identificar los problemas urgentes e importantes, (2) precisar la forma de solucionarlos y (3) generar los recursos requeridos para hacerlo. Seguidamente se sugieren unas medidas para avanzar en esa dirección.

1. Adoptar el diálogo colaborativo (entre el Estado y la sociedad) como la vía democrática para salir adelante. Los gobernantes deberían prestarles la atención debida a las legítimas demandas sociales porque hay un riesgo potencial: un número creciente de ciudadanos no están dispuestos a esperar un quinquenio, ¡quieren respuestas y resultados ya!

2. Generar un compromiso de país. Los gobernados deberían saber que ningún gobierno puede satisfacer las múltiples demandas sociales en el corto plazo. Urge, entonces, establecer prioridades, identificar fuentes de financiamiento y fijar metas verificables entre 2020-2040. De hacerlo, se invalidaría la anarquía y revalidaría el sistema republicano.

3. Enmarcar la prevención de la violencia dentro de la política social. Restablecer las unidades básicas (familia, escuela y comunidad) y promover la sana convivencia requieren una acción conjunta del MINED, MINSAL, MIGOB, MJSP, PGR, FISDL y 262 municipios. Por ello, el gabinete social debería liderar la ejecución de una estrategia de desarrollo humano a nivel local.

Conclusión: las convulsiones sociales tienen contra las cuerdas a varios gobiernos. Lo espinoso de estos fenómenos es (1) la velocidad, intensidad y diversidad de temas que avivan las multitudes en las calles y (2) la virulenta movilización de masas sin tener un objetivo común ni plantear soluciones viables. Convendría, por tanto, que las organizaciones cívicas, el sector productivo y la academia en El Salvador fueran proactivos y se comprometieran públicamente. ¿A qué? A proponerle al Estado una Agenda de País para superar los principales problemas. De hacerlo, El Salvador podría enfrentar el cierre de la válvula de escape (fin de la emigración masiva). ¡El tiempo apremia!

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  • estallidos sociales
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