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Comunidades dignas productivas para la seguridad y la convivencia

¡Ciudadana-economista cansada de la política del país!
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La construcción informal de Asentamientos Precarios Urbanos (APU) ha representado gran parte de la oferta de vivienda en El Salvador. Son espacios vulnerables, desprovistos de servicios básicos, lugares de concentración de pobreza y exclusión social para una gran mayoría de la población, que tendrán que ser remplazados por Comunidades Dignas Productivas (CDP).

El empoderamiento de la dignidad de las personas y familias comienza en el lugar en donde viven, es decir, su hogar. Es necesaria la existencia de una política pública habitacional en El Salvador tomando en cuenta que estos hogares no tienen manera de suscribir un crédito hipotecario para poder soñar con tener una casa digna. Esta política de vivienda que ya se implementó en Brasil, Chile, México y recientemente en Colombia no sustituirá lo que se está haciendo sino que lo complementará y ayudará a concentrar los recursos en los más pobres.

Los beneficiarios serán los hogares que conforman los APU. Se promoverá la urbanización, regularización e inserción de los APU en las zonas urbanas y rurales del país.

El Estado subsidiará al 100 % el valor de las viviendas y cada hogar beneficiario asumirá, en función de sus ingresos, el compromiso de pagar cuotas mensuales, las cuales serán destinadas al pago de los gastos de mantenimiento, de seguridad y de desarrollo productivo de la CDP. La participación de las familias beneficiarias será a través de un enfoque de comunidad, siendo sujetos prioritarios para formar parte de los equipos de trabajo de la CDP.

Una mayor focalización de los subsidios y el cambio gradual de la política de subsidiar bienes no duraderos (gas, electricidad) a subsidiar bienes duraderos (las CDP) podrá permitir financiar este nuevo enfoque de política pública habitacional sobre todo tomando en cuenta que los hogares más pobres que forman parte de estos asentamientos no se benefician de estos subsidios porque no tienen acceso a ellos. Por otro lado, se podrá implementar una política de transparencia por parte del Gobierno y una gestión de los recursos públicos más óptima, recortando gastos que no son considerados prioritarios para reorientarlos a la construcción de las CDP.

Estas nuevas comunidades contarán con espacios públicos de esparcimiento, quioscos comerciales, talleres de formación/capacitación y finalmente una oficina con los servicios de Ciudad Mujer, Comunidades Solidarias y Pro Jóvenes que les darán a sus integrantes nuevas oportunidades de trabajo.

El objetivo es remodelar los APU transformándolos en Comunidades Dignas Productivas, lo que representará un monto anual de $150 millones, cubriendo en 20 años los hogares que viven en precariedad alta y extrema (más de 800,000 habitantes). Este proyecto tendrá que revertir una gran importancia y ser calificado como proyecto de nación.

Si no transformamos estos asentamientos precarios urbanos en espacios urbanos de convivencia social y productiva, creando una nueva cultura ciudadana, los niveles de inseguridad y de vulnerabilidad en este país no disminuirán. Si no lo hacemos, los asentamientos indignos que vemos a diario seguirán siendo parte del paisaje de nuestros hijos, nietos y bisnietos.

La creación de estas Comunidades Dignas Productivas, además de ser un factor dinamizante para la economía porque creará empleo, mejorará las condiciones socioeconómicas de los integrantes, fomentará mayores niveles de convivencia y le devolverá también a sus integrantes algo que es esencial: la dignidad. Es cuestión de voluntad...

Tags:

  • asentamientos
  • viviendas
  • vulnerabilidad
  • exclusion social

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