Con autorización legislativa

¿Licencia para matar? La chatarra que tiene concesiones para el servicio de transporte público de pasajeros está matando a la población salvadoreña porque es una fuente permanente de veneno.
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Nos matan con impunidad. Deterioran el medio ambiente con impunidad. Y con autorización e indiferencia de los “representantes del pueblo entero” tal como son descritos en el artículo 125 de la Constitución de la República.

En 1995 la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo n.º 477 para sustituir el Reglamento General de Tránsito de 1946. Con esa iniciativa de ley de 18 diputados, algunos de los cuales todavía continúan en la silla aunque de otro partido, el país tiene “normas legales para regular el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial”.

Han pasado veinte años de una ley que aborda siete temas: el régimen administrativo del transporte, el tránsito y la seguridad vial; el transporte terrestre exceptuando el ferrocarril; el registro público de todo tipo de vehículos; el tránsito y la circulación vehicular; la seguridad vial; los estacionamientos y las terminales para distintos tipos de vehículos; y la protección al medio ambiente.

En la ley hay dos medidas que se destacan para proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de los usuarios y la población en general. En el año 95 establecieron que los vehículos dedicados al transporte público de pasajeros no deberían exceder de 15 años de fabricación estableciendo un periodo prudencial y también regularon el nivel de emisión de gases nocivos. La ley tuvo el apoyo ciudadano. Pero...

Pero... olvidándose del mandato constitucional del cargo e irrespetando el artículo n.º 1 de la Constitución de la República, los diputados y diputadas favorecieron intereses particulares y empezaron a prorrogar y prorrogar la entrada en vigor de esta regulación. Y después, con mucha “sabiduría y responsabilidad ambiental”, cambiaron de opinión y decidieron que los buses con 20 años de fabricación son aptos para prestar un servicio “seguro” a los usuarios de transporte público.

Los representantes del pueblo entero dentro del gobierno, los diputados y diputadas que dicen haber representado nuestros intereses durante los últimos siete periodos electorales y que tienen experiencia acumulada, con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, han demostrado su inconsistencia. Con esa ley han demostrado que hacen las leyes para asegurar beneficios particulares. Con esa ley han emitido regulaciones que han distorsionado un servicio público fundamental para la gran parte de la población. Con sus acciones y omisiones, con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial han otorgado “licencia para matar”.

¿Licencia para matar? Después de conocer la información que públicamente difundió el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) sobre los niveles de contaminación del aire y las causas y fuentes principales de esa contaminación, cualquiera concluye que son los buses y los microbuses, toda esa chatarra que los diputados y diputadas han autorizado durante 20 años, los causantes de que la tercera parte del aire que respiramos esté contaminada; son los buses y microbuses chatarra los causantes principales de emisiones de gases con efecto invernadero que provocan el cambio climático que tanta ocupación internacional ha tenido.

¿Licencia para matar? La chatarra que tiene concesiones para el servicio de transporte público de pasajeros está matando a la población salvadoreña porque es una fuente permanente de veneno. Cualquiera lo sabe aunque no se comprenda a cabalidad el contenido del artículo 100 de la misma ley. Ese artículo dice: “Se prohíbe, a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y seis, que circulen vehículos automotores que utilicen o contengan más de trece milésimas de gramo de plomo por litro de combustible como aditivo (0.013 g Pb/Litro), para uso en vehículos automotores que transiten por las vías terrestres del país. Además se prohíbe el uso de diesel como combustible en automotores, que contenga como impureza azufre que sobrepase el límite estándar permisible por las normas internacionales de protección al Medio Ambiente”.

¿Quién asegura que esto que pocos pueden medir se cumpla? La ley dice que es competencia del Viceministerio de Transporte a través de la Dirección General de Tránsito y de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil. En las calles y avenidas del Área Metropolitana de San Salvador y en las unidades de salud cualquier peatón o madre respondería que nadie hace cumplir la ley. ¿Y entonces? Se tiene conocimiento millonario acumulado en estudios. Se tiene un ministerio especializado. ¿Hasta cuándo la Asamblea Legislativa autorizará licencia para matar?

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