Con el Fiscal, se vuelve a repetir la historia de los plazos incumplidos

Y, desde luego, habrá que seguir con lupa más atenta y exigente que nunca el trabajo del nuevo Fiscal. No es cuestión de ideología: es cuestión de compromiso.
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El Fiscal General de la República concluyó su período el pasado 18 de septiembre, y el 19 debería haber estado en funciones el nuevo Fiscal para el período que ya está corriendo. Como es de común conocimiento, la elección del nuevo Fiscal General ha sido accidentada, desde que la anterior legislatura procedió a elegir anticipadamente y luego la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional dicha elección. Haber elegido con aquella anticipación no era desde luego inocente: se buscaba saltarse el “escollo” de una mayoría calificada que, en la actual legislatura, sólo se logra con la suma de votos de ARENA y el FMLN.

Hoy, se está en el proceso de elegir de nuevo, y, aunque pareciera que se va hacia una definición entre los dos partidos mayoritarios, todo hace ver que en lo que se refiere a la negociación política dentro del escenario democrático los partidos están apenas haciendo pininos, como si no se hubieran enterado de que negociar constantemente –y no bajo la mesa sino a la luz del día– es lo natural y cotidiano en la democracia. Les cuesta ponerse de acuerdo porque, según lo que se ve, creen que negociar es ver quién jala más la pita sin que se rompa. Entretanto, se siguen dando incumplimientos de plazos como el señalado.

Pero en casos como este, que implica escoger a un funcionario de primerísima importancia para el buen funcionamiento de todo el aparato estatal, se da otro fenómeno que puede incidir negativamente en el resultado final: el hecho de que se sigan anteponiendo los intereses de partido, de grupo y aun de personas al interés general. Hay que subrayar que elegir un Fiscal General es una tarea de elevada responsabilidad, por el tipo de funciones de que se trata y por el imperativo de consolidar y fortalecer el Estado de Derecho, lo cual en buena medida depende del titular de la Fiscalía y de su cuerpo institucional.

Entre las limitaciones que enfrenta endémicamente dicha institución está la que se refiere a la dependencia financiera. De los Acuerdos de Paz surgió la sana decisión de otorgarle al Órgano Judicial, por disposición constitucional, una asignación anual no inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Cuando dice el texto “no inferior” quiere decir que podría ser superior, si las condiciones lo permiten. En contraste, la Fiscalía está atada a lo que se le quiera conceder. Y dada la función que desempeña, el carácter independiente es absolutamente determinante, tanto en el desempeño como en la viabilización financiera de dicho desempeño.

Esperamos que los diputados lleguen lo más pronto posible a una decisión final sobre el titular de la Fiscalía. Pero más aún: confiamos en que se hará una selección que responda a lo que el proceso democrático y la construcción del Estado de Derecho requieren en estos momentos. Y, desde luego, habrá que seguir con lupa más atenta y exigente que nunca el trabajo del nuevo Fiscal. No es cuestión de ideología: es cuestión de compromiso. Y aquí el único compromiso válido y exigible es el compromiso con el país, en el más directo e inexcusable sentido del término. La del Fiscal es una función central, no colateral, y así tenemos que verla todos, comenzando por el Fiscal mismo.

Si los diputados no pudieran hacer por su cuenta dicha negociación estarían demostrando que no pueden con los encargos que la ley y la democracia les asignan. Confiemos en que no sea el caso, porque 20 años después ya no es tiempo de estar haciendo pininos.

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