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Con el empuje de una institución

Los últimos tiempos nos han mostrado que en política salvadoreña la participación de las instituciones se vuelve parte de las campañas electorales. Es una realidad que, francamente, no quisiera, pero que hay que tomar en cuenta a la hora de entender qué es lo que buscan nuestros políticos con sus estrategias.
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El caso más destacado es el de la Fiscalía General de la República (FGR). Así, vimos en la campaña para las elecciones de 2009 cómo el titular de ese entonces, Félix Garrid Safie (en esa época un arenero reconocido), soltaba un reporte de una operación sospechosa: el entonces candidato del FMLN y ahora presidente, Mauricio Funes, tenía movimiento de más de $3 millones en su cuenta bancaria.

Eso sucedió una semana antes de las elecciones. Previamente, ya se había revelado, a través de un reportaje del periódico español El País, que en los computadores de Raúl Reyes, el “canciller” de las FARC, había copias de los correos electrónicos que mencionaban al dirigente efemelenista José Luis Merino (Ramiro Vásquez, el alias de comandante guerrillero de Merino en las FAL). La Fiscalía, en ese entonces, anunció que pediría a Colombia la información sobre el político.

Incluso una comisión llegó a viajar a Bogotá. Pero después de las elecciones no se supo nada.

Ahora, en esta campaña, vuelve a aparecer la Fiscalía General de la República. Primero fue con las órdenes de captura contra el exministro de Obras Públicas Jorge Nieto, empresarios y funcionarios relacionados con la construcción del bulevar Diego de Holguín (hoy Monseñor Romero).

Entonces el Gobierno dijo que ahora sí se combatía la corrupción.

Después, la Fiscalía volvió a desatar un escándalo por las órdenes de captura contra el exministro de Economía Miguel Lacayo, el expresidente de CEL Guillermo Sol Bang y otros funcionarios que negociaron el contrato entre la CEL y la italiana Enel Green Power para explotar juntos la geotermia en LaGeo.

Lo más reciente es la investigación que se ha abierto por otro reporte de operación sospechosa, emitido, esta vez, por el Departamento del Tesoro de EUA, contra, supuestamente, el expresidente Francisco Flores.

El común denominador de estos tres casos es que involucra a políticos relacionados con ARENA. Y, también, que todos han sido denunciados por el presidente Funes.

Aquí hay un punto de inflexión. Hasta hace pocas semanas, Funes halagaba al fiscal general, Luis Martínez, por su “valentía”, “imparcialidad” y determinación en estos casos.

Ahora las cosas están diferentes. Funes critica abiertamente al fiscal y Martínez dice que puede investigar, si quiere, al mismísimo director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Pareciera ser que a Martínez ya no le gusta que en los programas de los sábados el presidente le diga qué hacer, qué investigar o por dónde ir.

Si tomamos en cuenta el uso que se le ha dado al trabajo de la Fiscalía en campañas electorales, ¿qué es lo que podemos pensar ahora, luego de este enfrentamiento continuo entre Funes y el fiscal? ¿Es que acaso los mensajes que el fiscal general está lanzando son el preludio de otra ronda de investigaciones de fuerte impacto? Las elecciones están cada vez más cerca y lo que el fiscal decida investigar golpeará más.

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