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La globalización está siendo cuestionada por la conjugación de nuevas expresiones de proteccionismo, nacionalismo y populismo. Las catástrofes naturales ocurren con mayor frecuencia. Crece la desigualdad. Aumenta la falta de credibilidad en los gobernantes. Se aceleran las migraciones. Todo ello sucede en momentos de impresionantes avances tecnológicos y de mayor acceso a la información y al conocimiento de manera virtual.

Ante un mundo lleno de desafíos, los salvadoreños parecieran ser simples espectadores. Da la impresión que El Salvador es un “país vagón” (seguidor instintivo de corrientes foráneas). Este fenómeno se agudiza por la falta de propuestas viables para superar la crisis estructural que vive el país. Lo que prevalece es el cortoplacismo, la polarización y el centralismo en una sociedad que se desintegra, desangra y desanima. Consiguientemente, se requiere de un liderazgo democrático –con una visión estratégica– para inspirar esperanza y confianza en la ciudadanía.

En este entorno y tomando de referencia las motivaciones de la fuerte emigración de centroamericanos hacia EUA, Amnistía Internacional destaca la alarmante cifra de muertes en el “Triángulo Norte”. La ONU ha clasificado a El Salvador como uno de los países más mortales del mundo fuera de una zona de guerra, con más de 108 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015. En Honduras, el índice fue de 63.75 y en Guatemala de 34.99 por cada 100,000 habitantes.

Amnistía Internacional destaca que además de los asesinatos, un alto porcentaje de salvadoreños lucha por sobrevivir en localidades controladas por bandas delictivas (maras). Esto quiere decir, entre otras cosas, que miles de jóvenes se unen a las pandillas bajo coacción y requieren de flujos financieros para operar v. g. incontables personas son forzadas a pagar cuotas monetarias (renta o extorsión) para seguir con vida o transitar en sus comunidades. Esta realidad motiva la emigración y exige la aplicación efectiva de la ley y acciones como las siguientes.

Acción 1. Fortalecer la institucionalidad local para restaurar el tejido social. Uno de los retos es que la municipalidad tenga la capacidad de gobernar a la población-territorio y en coordinación con el gobierno nacional y la fuerza pública, y no a la inversa.

Acción 2. Facilitar el acceso de los jóvenes a la formación profesional, emprendimiento y mercado laboral, y duplicar el número de adolescentes que terminan los doce años de bachillerato.

Acción 3. Mejorar la gestión pedagógica de la escuela pública para formar jóvenes con capacidades para salir adelante a pesar de las adversidades.

Acción 4. Reforzar el sentido de pertenencia en los jóvenes a través de actividades comunitarias, culturales y deportivas.

Acción 5. Profesionalizar y mejorar la calidad de los servicios públicos. Esto implicaría abolir el clientelismo partidario del aparato estatal y realizar efectivas evaluaciones de desempeño a las instituciones y empleados públicos.

Conclusión: El Salvador debería precisar si se encuentra ante un cuadro de criminalidad organizada o una espiral de violencia pandilleril potenciada por la economía ilícita, debilidad institucional territorial y desintegración sociofamiliar. Si El Salvador aclara este punto el próximo 16 de enero y acuerda impulsar la localización (como política de Estado), el país tendría opción, esperanza y perspectiva.

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