Concentración y abuso de poderes

<p>Washington, D.C. Hugo Chávez, admirador de Lula, delfín –y financiador– de Fidel, novel miembro del Mercosur “depurado democráticamente” mediante la suspensión de Paraguay, y quien presidirá y “garantizarᔠla pulcritud de elecciones que habrá de realizarse en Venezuela en octubre y en las que él se presenta a la reelección, avanza y se supera día a día. Esta y ninguna otra es conclusión a la que se llega tras conocerse el último informe de Human Rights Watch, titulado “Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”, sobre la realidad que viven los venezolanos bajo el régimen “bolivariano”.</p>
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<p>“Durante años, el presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”, afirmó el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, el pasado martes 17 durante la conferencia brindada en el National Press Club en Washington, D.C., y en la que se presentó el amplio y documentado informe de 133 páginas en el que se denuncia al régimen chavista. El trabajo de la respetada y reconocida organización de defensa de los derechos humanos es contundente. Podría resumirse en pocas frases: desde 1999, “el presidente Chávez y sus partidarios se dedicaron a concentrar el poder, tomando el control del Tribunal Supremo de Justicia y limitando la posibilidad de que periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos ejercieran derechos fundamentales”.</p><p> En la investigación se ha recogido abundante testimonio y gran cantidad de elementos probatorios sobre cómo, según destacaron sus representantes, “el presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han adoptado medidas drásticas para conservar el control político del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido sujeto a un copamiento político en 2004” y también cómo “tras las elecciones legislativas de 2010, que redujeron la mayoría chavista en el Congreso, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia con miembros afines al gobierno, antes de que los legisladores de la oposición pudieran ocupar sus bancas”.</p><p> Todo esto ha significado en consecuencia que “en los últimos años, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia se haya deteriorado notablemente, ya que sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del presidente Chávez”.</p><p> Hay poco para añadir: en Venezuela no rigen las libertades básicas, no hay justicia independiente –Chávez sí que es juez y parte– y a ello solo habría que sumarle el dato, que no es menor, que hasta el mes pasado el presidente gobernó a través de decretos-ley durante 18 meses (ya lo había hecho en periodos anteriores) como consecuencia de la abdicación que hizo de sus facultades y deberes el último Parlamento chavista.</p><p> Y al final dos reflexiones: </p><p> Primera: este es el nuevo miembro, impecablemente democrático, del Mercosur de Cristina, Dilma y Mujica, quienes primero suspendieron a Paraguay por violar la “cláusula democrática” de la organización debido a la sustitución constitucional del presidente Lugo.</p><p> Segunda: ¿Se puede hablar de elecciones libres bajo un régimen de esas características? ¿Cuenta la oposición venezolana con garantías? ¿Reciben los candidatos opositores el tratamiento igualitario imprescindible para poder hablar de “elección democrática”?</p>

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