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Concesión a SITRAMSS

Nuestra Constitución de 1939 establecía que en toda concesión que otorgara el Estado para el establecimiento de cualquier obra de utilidad pública se estipularía la condición de que esas obras, transcurrido un plazo no mayor de cincuenta años, pasarían gratuitamente y en perfecto estado de servicio al dominio del Estado, y nuestra Constitución de 1950 también señalaba que tales concesiones eran para el establecimiento de otras obras materiales de servicio público, que debía determinarse un plazo y ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, y repitió la misma condición del traspaso al Estado.
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En la Constitución de 1983, original, se repitió la disposición de la de 1950, pero en 1994 (aprobación legislativa 29/IV y ratificación el 20/XI) se modificó en el sentido de sustituir las concesiones “...para el establecimiento de... obras de servicio público”, por “la explotación de... obras materiales de uso público”, dejando el resto (prácticamente) igual, lo que dio un giro total a la disposición, pues el establecimiento significaba la construcción, de muelles, ferrocarriles u otras obras materiales de uso público, que conllevaba la explotación, pero ahora solo se concesiona la explotación de obras de servicio público, que le producirán beneficios a los concesionarios, por gozar del uso gratuito de dichas obras existentes, ya no se trata de obras nuevas, sino de las existentes construidas por el Estado, lo cual da un sentido diferente a la concesión, pues cuando esta se otorga en forma exclusiva, se convierte en un monopolio que posee el concesionario, por un comodato sobre bienes de la nación.

Nuestra Constitución prohíbe expresamente en el art. 110 autorizar ningún monopolio, excepto a favor del Estado o de los Municipios “cuando el interés social lo haga imprescindible” y prohíbe igualmente las prácticas monopólicas que se originan de una posición dominante en el mercado, derivada de la especialización, eficiencia u otros motivos económicos o bien por la intervención autoritaria del Estado, como cuando concede el comodato de los bienes raíces y los bienes nacionales de uso público a una empresa privada (como las calles), que solo lo permite con “autorización del “Órgano Legislativo, a entidades de utilidad general” (art. 233 Cn.).

El exalcalde de San Salvador Norman Quijano promovía el establecimiento de un servicio público municipal de transporte de personas, moderno, con buses articulados, utilizando las vías públicas (previa autorización del OOPP) pero no en forma exclusiva, ya que tampoco se pretendía nacionalizar el servicio de transporte público de personas, sino integrar un nuevo servicio municipal.

La medida precautoria que ha dado la Sala de lo Constitucional en relación con SITRAMSS se refiere únicamente a la falta de aprobación de la Asamblea Legislativa, a la concesión que el Estado le ha dado, de forma exclusiva, impidiendo el tránsito vehicular en ella para el resto de ciudadanos, generando mayor concentración de vehículos en las vías paralelas y otras aledañas, por lo que como anticipan muchas personas la opinión de la Sala está establecida para la sentencia futura, que deberá someterse a la aprobación de la Asamblea o sufrir el rechazo popular de los restantes usuarios de las vías públicas por el congestionamiento que produce la exclusividad.

Pero el problema se trasladará a la Asamblea Legislativa, que debe considerar que el art. 233 Cn. prohíbe ese monopolio creado por el comodato exclusivo dado a una empresa privada, no de una concesión a la Municipalidad de San Salvador, para operar dicho servicio público, que sí es constitucional y que fue bloqueado por el Gobierno anterior.

En definitiva los resolutores, asesores, diputados particularmente del departamento de San Salvador, tienen un difícil problema que resolver, para no caer en otra inconstitucionalidad.
 

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