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Hace 17 años estábamos enfrentando las consecuencias del terremoto del 11 de enero. Tragedia en la colonia Las Colinas, en Santa Tecla, familias consternadas por la pérdida de familiares y amigos, líneas telefónicas saturadas, problemas de comunicación, la carretera Panamericana obstruida a la altura de Los Chorros, daños materiales no calculados, alarma en los hospitales y dentro y fuera del país. Un mes después, la situación empeoró.

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Sandra de Barraza / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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Han pasado 17 años, la experiencia no se olvida, las familias recuerdan a sus seres queridos, continúa la vulnerabilidad y los riesgos, se mantienen intervenciones en Los Chorros, pero, como siempre, la experiencia se ha procesado, las comunidades se han reconstruido, la infraestructura se recuperó con mejoras y seguimos trabajando, seguimos enfrentando desafíos y seguimos confiando en nuestra capacidad de hacer diferencia. ¿Cuántos se fueron por las consecuencias del terremoto? ¡Quién sabe! Pero la mayoría continuamos en estos 20,000 kilómetros cuadrados agradecidos de la solidaridad nacional e internacional.

En el marco de la solidaridad internacional se comprende y agradece el estatus de protección temporal que Estados Unidos concedió a 194,000 salvadoreños. La protección temporal se extendió más de lo que nos llevó reconstruir el país y eso tiene implicaciones en las personas y familias que se acogieron al TPS. Fueron integrándose a la sociedad que les acogió, fueron desarrollándose en esa sociedad y fueron construyendo estructuras y lazos familiares. El TPS termina después de 16 años y 11 prórrogas.

¿Nadie previó que esto sucedería? Han pasado 3 gobiernos, uno de ARENA y dos del FMLN que se han ocupado de la renovación del TPS. El esfuerzo se concentró en mantener la temporalidad para “mientras se arregla la situación”. Nadie explicó con claridad la expectativa y no hay información oficial que evidencie estrategia alguna para atender a los amparados al TPS. Aunque hay información oficial que evidencia la solidaridad de Estados Unidos para justificar la extensión del amparo una y 11 veces más.

Los amparados, ¿previeron la situación? Me lo pregunto porque vivir 16 años con la incertidumbre de la no extensión es un riesgo individual asumido conscientemente. Supongo que muchos han tomado iniciativa para cambiar su estatus. Ojalá sea la mayoría. Nadie sabe el número. Se escucha que la mitad. Se escucha que la cuarta parte. Sin embargo, la verdad es que son muchos los que tienen que enfrentar las implicaciones de la finalización de su permiso temporal de protección.

A los beneficiarios se les han concedido 18 meses para analizar y evaluar sus opciones. Es tiempo suficiente para tomar decisiones responsables. Pero ¿cuántos tomarán la decisión de quedarse en la informalidad? Ojalá que el gobierno de nuestro país haga conciencia sobre las implicaciones personales y familiares de esa decisión. Pero más importante, ojalá que el gobierno tenga capacidad de proporcionar asesoría a los afectados sobre las opciones de inversión y desarrollo en nuestro país, en Centroamérica y en otros países amigos. ¿Hay tiempo suficiente para hacerlo? Son 18 meses que coinciden con campañas electorales.

Dice el gobierno que hará todas las gestiones necesarias para lograr el apoyo en el Congreso de Estados Unidos y encontrar un estatus permanente para los que fueron amparados temporalmente. Hay argumentos económicos y humanos, pero ¿le importa esto al gobierno de Estados Unidos? Realismo y responsabilidad demanda esta situación ante los connacionales.

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