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Consecuencias de una práctica presupuestaria irresponsable

En principio, cada persona debería asumir las consecuencias generadas por sus actos, ya sean estas causadas por omisiones, errores, faltas y desde luego ante cualquier incumplimiento de la ley. Sin embargo, sucede que muchas veces dicha regla no se cumple y los ciudadanos son quienes sufren los efectos generados por las malas decisiones e irresponsabilidades de los gobernantes, convirtiéndose esto en una verdadera injusticia.
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La situación de impago a los cotizantes del sistema de pensiones en que ha incurrido recientemente el Gobierno y a la que me referiré en este artículo es un claro ejemplo de lo anterior por los perjuicios que se generan, puesto que por una parte afecta a los trabajadores, pues no se recibe el pago correspondiente por lo que se le prestó al Estado, y por otra parte el impacto que tiene el país por la degradación de su calificación crediticia que han hecho las calificadoras de riesgo por la falta de pago, lo que significa que las tasas de interés por el endeudamiento que adquiera el Estado serán más altas, pues el riesgo de prestarle al país se considera mayor; recursos que podrían invertirse en otras necesidades, como educación y salud, ahora servirán para pagar una deuda más cara.

Tanto el Ministerio de Hacienda como la Asamblea Legislativa sabían de antemano que durante el mes de abril del año 2017, el Gobierno debía honrar la deuda que tiene con los trabajadores cotizantes del sistema de pensiones, pagando el capital e intereses por la compra obligatoria que hacen las AFP de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que emite el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), pero a pesar de ser un egreso cierto del Estado para el presente año, no se incluyó en el Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Debe subrayarse que dicho pago no se hace a las AFP, sino que a los trabajadores, pues con sus ahorros es que deben comprarse obligatoriamente los títulos. El problema del impago se ha originado como consecuencia de continuar con la mala práctica de aprobar el Presupuesto General de la Nación de forma irreal, incompleta e inconstitucional, tal como en efecto ha sucedido con el correspondiente al ejercicio fiscal del presente año.

Cuando se conoció el proyecto de Presupuesto del presente año hace algunos meses, distintas voces respetadas de la sociedad civil manifestaron que estaba incompleto y que violaba el art. 227 de la Constitución, que obliga a incluir todos los egresos en que incurrirá el Estado durante el año, pues entre otros dejaba por fuera el pago de la deuda contraída con el FOP, y que lo que procedía era que la Asamblea Legislativa devolviera el Presupuesto al Ministerio de Hacienda para que lo corrigiera y lo enviara de forma completa y correcta; pero esto no sucedió, usándose como excusa una serie de argumentos que carecían absolutamente de sustento jurídico.

La situación del impago deberá resolverse pronto por el bien del país, pero más importante es que exista mayor responsabilidad en la práctica presupuestaria, pues el presentar presupuestos artificiales ha coadyuvado al desorden en las finanzas públicas, las cuales están en estado crítico y pueden llevarnos a una situación financiera difícil. El aprobar el Presupuesto General de la Nación contrariando la Constitución por no incluir todos los egresos y así generar un balance ficticio, al final termina perjudicando a la población, tal como se ha visto ante la falta de pago de la deuda con el FOP. Ojalá que cese la irresponsabilidad en la práctica presupuestaria y que haya mayor conciencia en los gobernantes de las consecuencias de sus actos.
 

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  • impago pensiones
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