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Consenso político y social

Ante la sacudida política que generó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, todos los sectores políticos y sociales hicieron hincapié en que se debe asumir una actitud responsable ante dicha resolución.
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Y, tanto los medios de comunicación, como el presidente Salvador Sánchez Cerén, las iglesias, la empresa privada y los partidos políticos, coinciden en que se debe buscar una justicia transicional o restaurativa, en donde la verdad, la justicia, el perdón y el olvido vayan de la mano. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional han dicho también que la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 hace énfasis en la justicia transicional como modelo alterno al camino penal o de castigo, poniendo énfasis en la reparación del daño a las víctimas, más que en penas para los responsables.

Los llamados a la reconciliación y paz social que hiciera la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica han sido recogidos por el presidente Sánchez Cerén, quien dijo que en reuniones sostenidas con diferentes partidos políticos para abordar el tema de responsabilidad fiscal también analizó la necesidad de construir una nueva Ley de Reconciliación Nacional que se adecúe a estos momentos. Debemos concentrarnos en enfrentar responsablemente la delincuencia y el problema fiscal.

En relación con el necesario consenso para un pacto fiscal, el presidente de la República dijo: “Próximamente vamos a llegar a entendimientos que vamos a firmar; y vamos a aprobar en la Asamblea Legislativa una Ley de Responsabilidad Fiscal, que permita al país tener la certeza del camino en el área de las finanzas, trabajar más en el tema de los ingresos del país, también adecuar los gastos necesarios que el país tiene que hacer”. LPG, 24 de julio de 2016.

Uno de los objetivos inmediatos de un acuerdo fiscal sería la aprobación de bonos por mil doscientos millones de dólares, para pagar la deuda interna y de corto plazo, es decir, para no caer en una situación de impago de la deuda y los salarios. Y para compensar en parte, el congelamiento por más de un año de los novecientos millones.

Mario Garza, del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró recientemente que para superar el circulo vicioso de bajo crecimiento “hace falta un acuerdo social y político ambicioso”. Y ese acuerdo nos exige una cuota de sacrificio a todos los sectores políticos y sociales; ya que existe una responsabilidad histórica compartida: Los gobiernos de derecha fomentaron el endeudamiento internacional y la deuda previsional por veinte años; los gobiernos del Frente han continuado con el endeudamiento por siete años; y existen altos niveles de evasión y elusión fiscal empresarial. Esto niega la pretensión de analistas de derecha que consideran que “el costo político lo tendrá que asumir solo el FMLN”.

Como dijo el ministro de Hacienda, un pacto fiscal debe ser tanto por la parte del ingreso como por la del gasto, cincuenta y cincuenta. También la responsabilidad política de un pacto fiscal debe ser compartida entre los diferentes sectores políticos y sociales: con la focalización de subsidios y disminución de gastos del Gobierno, y el aumento del ingreso o mayor recaudación de impuestos.

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