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Continuidad de un proceso

El pasado 23 de septiembre el fiscal general de la República, Luis Martínez, recibió un Reporte de Operaciones Sospechosas. El documento provenía del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pocos días después, el presidente Mauricio Funes reveló algunos detalles al respecto: se trataba, dijo, de un caso de lavado dinero, por unos diez millones de dólares, en el que supuestamente estaba involucrado un expresidente salvadoreño.
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El fiscal general confirmó que había recibido ese reporte, pero explicó que la investigación estaba bajo reserva y no dio ningún otro dato. El nombre del presunto implicado quedó en el misterio, aunque Funes adelantó luego otra revelación: el expresidente en cuestión pertenecía al partido ARENA y no era Tony Saca, dijo.

Los dirigentes de ese partido negaron la imputación y replicaron que Funes decía locuras, que estaba esquizofrénico y degradaba la dignidad presidencial.

Ciertamente parecía una típica situación de palabra contra palabra devenida a la intrascendencia de los dimes y los diretes en un contexto de campaña electoral. Sin embargo, el sábado pasado, en su programa radiofónico, el presidente Funes volvió a referirse al asunto, pero esta vez con datos precisos, y le imprimió al caso un giro de suma gravedad para el país.

Según Funes, entre octubre de 2003 y abril de 2004 el Gobierno de Taiwán entregó a su similar salvadoreño, en calidad de donativo, tres cheques por un monto de diez millones de dólares. Al menos dos de esos cheques fueron expedidos a nombre del entonces presidente Francisco Flores, pero la totalidad del monto del donativo no ingresó nunca al fisco salvadoreño sino que fue a parar a cuentas bancarias en Costa Rica, Estados Unidos y finalmente Bahamas.

Funes explicó que sustentaba esa información en una investigación realizada en la Secretaría Técnica de Financiamiento y en el Viceministerio de Cooperación Internacional, y que toda la documentación relacionada estaba siendo recopilada por la Subsecretaría de Transparencia. “La denuncia ya está hecha y la investigación ya está en los tribunales de justicia”, dijo. En este marco, el mandatario solicitó al fiscal general una copia del mencionado Reporte de Operaciones Sospechosas generado en Estados Unidos.

Esta última solicitud encaja perfectamente con su denuncia, sobre todo si se toman en cuenta algunos hechos colaterales pero coincidentes que él mismo se encargó de hacer notar: “Esos fondos (los del donativo) no se recibieron en El Salvador, sino en un banco de Costa Rica involucrado en un caso de millonaria defraudación por el cual está preso el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez”, dijo Funes, quien asimismo advirtió que el otro banco aludido, el de Estados Unidos, fue cerrado por sospechas de que realizaba operaciones de lavado de dinero.

El otro hecho relacionado es que el presidente de Taiwán que habría autorizado la emisión de los cheques de cooperación entre 2003 y 2004, a nombre de Francisco Flores, está en la cárcel condenado a cadena perpetua justamente por malversación de fondos públicos.

Alguien puede creer en las casualidades y tendrá derecho a sostener tal convicción, pero nadie razonablemente negará que al menos se trata de coincidencias muy inquietantes.

En suma, lo cierto es que a estas alturas del proceso, si sumamos la resolución fiscal en el caso del contrato CEL-Enel, y los más de cien expedientes de presunta malversación de fondos públicos, durante el periodo presidencial de Francisco Flores, encontrados y denunciados recientemente por el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, ya no estamos hablando de las convicciones personales de cada uno, o de nuestras simpatías o antipatías políticas.

El proceso está ya en los tribunales y es ahí donde debe resolverse.

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