Lo más visto

Más de Opinión

Contra combo

Entre periodistas se sabe, desde hace muchos años, que las sesiones plenarias antes de temporadas de vacaciones (Navidad y Año Nuevo, Semana Santa y agosto) son las preferidas para aprobar medidas polémicas. Y algunas de estas sesiones incluso se dan con la modalidad de “madrugón”, término que originalmente se refería a extender la plenaria hasta altas horas de la noche e incluso las primeras horas del día siguiente, pero que también se aplica cuando una propuesta de ley se somete de sorpresa, sin previa discusión en la comisión respectiva.
Enlace copiado
Contra combo

Contra combo

Contra combo

Contra combo

Contra combo

Contra combo

Enlace copiado
Pero como para aprobar medidas se requiere mayoría simple –al menos para reformas legales, porque cuando lo que está en juego es endeudamiento público, es mayoría calificada, 56 votos–, lo que al partido en el Gobierno le interesa se convierte en una especie de mercancía por la que debe pagar a sus aliados legislativos. De ahí surgen otras modificaciones legales que son impulsadas por los que deben aportar esos votos. Entonces, esa “negociación” se presenta como un paquete de reformas que deben ser aprobadas en la misma jornada. Una transacción de votos frente a todos.

Cuando este paquete se amarra, entonces estamos ante lo que popularmente se conoce como “combo legislativo”: varias reformas aprobadas, algunas, incluso, en contra de lo que podría querer un partido, pero que son el precio a pagar para conseguir otra que sí realmente desea.

Este año, para estas vacaciones que se avecinan, se aprobaron tres polémicas reformas: al Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), a las disposiciones sobre políticos tránsfugas y a la Ley de Extinción de Dominio.

La primera es parte de un plan gubernamental para tomar ahorros de pensiones de los ciudadanos para airear sus finanzas y tener disposición de efectivo. Es la primera fase de una reforma al sistema de pensiones que el Ejecutivo aspira realizar desde hace meses. Es, entonces, lo que podría calificarse de “mercancía” por la que tendría que pagar.

La segunda medida beneficia a varios partidos, de acuerdo con su interés en fichar a disidentes de sus competidores. Y la tercera disposición es una compleja mezcla de intereses que entrelaza a políticos de la actual administración, la pasada, funcionarios en ejercicio y bajo investigación e incluso sectores con vínculos políticos, pero no militantes.

El combo legislativo, con toda la polémica de por medio (pasando incluso por el sospechoso silencio de la bancada de ARENA mientras se ejecutaba), se aprobó con los mínimos. Hasta aquí, historia conocida en las últimas décadas. Sin embargo, la intervención de la Sala de lo Constitucional esta semana ha surtido el efecto de “contra combo”: ha dejado sin efecto el principal objeto de deseo del Ejecutivo, la modificación al FOP para obtener $500 millones más de los ahorros de pensiones.

De la segunda iniciativa, de hecho, hay jurisprudencia de la misma sala para esperar que también se meta reversa y se anule. No hacerlo sería algo que se salga de la norma de estos magistrados. En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio, en la que también confluyen intereses legítimos sobre el tema de retroactividad e imprescriptibilidad, la Sala de lo Constitucional estudia, desde hace dos años, un recurso de inconstitucionalidad que, por los vientos que soplan, debería resolverse en los próximos días, lo cual dejaría sin efecto buena parte de las reformas aprobadas.

Como elemento extra, la Sala de lo Constitucional también ha emitido disposiciones sobre el uso de fondos públicos, que tienen que ver con la congelación de plazas y eliminación de seguros médicos privados en el Estado. Lástima que las emitieron justo después de que el Órgano Judicial entregó el bono de julio a sus casi 10,000 empleados.
 

Lee también

Comentarios