Controversia LaGeo-ENEL

En la lógica del repliegue de la participación estatal en la economía, en El Salvador se han ensayado diferentes esquemas de privatización y concesión de derechos de explotación de bienes o servicios públicos, en el entendido de que el bien común perseguido por el Estado se puede lograr con su intervención directa en la economía o mediante la tercerización.
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Existen experiencias a escala mundial sobre estas políticas de abandono del Estado de su rol de gestor de actividades económicas para convertirse en rector de políticas sectoriales ejecutadas a través de terceros.

Esta transición abre las puertas para el abuso empresarial que ejerce posiciones dominantes en los nuevos mercados y requiere que el Estado continúe interviniendo mediante políticas de reestructuración sectorial, acceso a mercados, organización de empresas de economía mixta, acceso a infraestructuras y fijación de precios, siempre que no resulten predatorios para los concesionarios del servicio.

Como parte de esta reorganización se crean agencias especializadas encargadas de supervisar y controlar las actividades y vigilar su apego al marco jurídico y su respeto por los términos acordados en la concesión de derechos.

En este escenario, las agencias tienen competencias administrativas para normar y resolver conflictos sectoriales, dejando a las instancias jurisdiccionales el control de la legalidad con que actúan y la verificación que dichas agencias respetan las garantías constitucionales de los regulados cuando resuelven disputas.

Cuando el servicio público es prestado por el Estado o los recursos estatales son explotados por empresas públicas, no se requiere del otorgamiento de concesiones, pero cuando se habilita a un privado para que lo haga, sí. La concesión debe extenderla entonces el Estado, según corresponda, vaciando los derechos otorgados en el ordenamiento jurídico nacional.

Si en la dinámica de abandono de actividades económicas el Estado no ha creado el marco jurídico necesario para que las agencias o entidades públicas nacidas del proceso puedan precisar, con mayor detalle, las reglas de actuación para los nuevos mercados, las agencias estarían inhibidas para ejercer funciones reguladoras, ya que el alcance de sus competencias no se los permitiría, si nos atenemos al principio de legalidad, por supuesto.

Esto significa que si los funcionarios de GESAL –hoy LaGeo–, en su momento, se excedieron en sus atribuciones al asumir compromisos por parte del Estado, con ENEL, no podría alegarse que el desconocimiento de dichos acuerdos, por parte del Gobierno, estaría vulnerando la seguridad jurídica. Se tendrían que revisar las facultades legales que tenían dichos funcionarios para negociar la explotación de recursos del Estado con terceros.

Si ellos representaban legítimamente al Estado al negociar la propiedad de LaGeo e incurrieron en algún tipo de negligencia podría promoverse un “recurso de lesividad” para anular los efectos de lo acordado por dichos funcionarios, si así lo considerara pertinente el Estado; pero si no tenían las facultades para ello, o LaGeo no tenía competencias para negociar la explotación de los recursos geotérmicos del país, el Estado no tendría por qué honrar lo “pactado” por dichas personas con ENEL. Esto sería como que un capataz vendiera la finca del empleador y este tuviera que aceptarlo en beneficio de la seguridad jurídica del país. El comprador tendría que demandar al capataz por estafa y desistir de sus pretensiones sobre la finca.

Aquí tampoco podría invocarse el principio de “buena fe”, ni que el “Estado no puede ir contra sus propias resoluciones”; si estas han sido promulgadas por funcionarios carentes de facultades para emitirlas.

Tags:

  • explotacion de bienes
  • intervencion directa
  • dominantes

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