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¿Conviene la autonomía en la escuela pública salvadoreña?

¿Hasta dónde ha estado dispuesta la administración central del Ministerio de Educación a promover acciones para que los centros escolares públicos vayan alcanzando gradualmente niveles de autonomía?

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¿Conviene la autonomía en la escuela pública salvadoreña?

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Esto implica crear un marco jurídico, procedimientos administrativos que respalden la delegación de funciones en lo financiero, manejo del currículo, orientación pedagógica, gestión, un cuidadoso manejo y rendición de cuentas ante la comunidad; además, y principalmente, el sabio liderazgo de la dirección de cada escuela para orientar toda acción a la mejora de la educación que se le brinde al estudiantado.

Es indispensable también tener en cuenta la motivación, la posibilidad y la capacidad de la comunidad de cada centro escolar de asumir un compromiso tan complejo.

Entre 1995 y 2004, la participación de la comunidad educativa propiamente dicha (maestros, personal técnico y administrativo de las escuelas y estudiantes) y la comunidad extendida (padres de familia, líderes comunales, instituciones, sector privado) alcanzaron importantes avances con el respaldo de la institucionalidad educativa salvadoreña.

Las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE), los Consejos Directivos Escolares (CDE) y los Consejos Educativos Católicos (CECE) pueden dar fe de esta orientación.

En esa época se formuló el Plan de Desarrollo Social 94-99 que indicaba que la descentralización administrativa, como vehículo básico para ganar eficiencia en los servicios educativos y devolver el poder y el control a las comunidades, activando su participación, era indispensable para alcanzar cobertura y calidad en este rubro.

Dos documentos de entonces, que aglutinan los objetivos de La Reforma Educativa en Marcha: “El Plan decenal (1995-2005)” y "Desafíos de la Educación en el Nuevo Milenio, (2000-2005)”, indican que expandir la cobertura educativa y mejorar simultáneamente su calidad solo puede alcanzarse a partir de cambios en la administración local, el fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa, el impulso del liderazgo del director y la gestión por resultados.

El programa “Modelos de Gestión Participativa por la Calidad”, según el documento del MINED “Autonomía y Participación”, de la Colección “Escuelas Transformándose”, promovió el trabajo conjunto de “una o varias instituciones educativas focalizadas en una zona geográfica determinada en los aspectos curriculares, de desarrollo profesional, materiales educativos, tecnológicos, de evaluación de los aprendizajes, infraestructura y otros”.

Se fortaleció la alianza con el sector privado a través de FUNDAEDUCA, y se profundizó la participación de la comunidad en programas como la microrregión de Juayúa, el Bajo Lempa y Ahuachapán en Marcha.

Se abrieron en cada centro escolar los Comités de Calidad y se dio paso a fortalecer, no sin dificultades, la contraloría social; incluso, al interior del MINED central se dieron modificaciones acordes a esta nueva estructura escolar y se consolidó un proceso nacional de evaluación. Un sistema de administración local, a través de las direcciones departamentales, ejerció un seguimiento permanente a la nueva forma de vida en los centros educativos y se impulsó una sistemática capacitación en gestión y procesos administrativos a los líderes comunales de las instancias creadas.

En aquel momento, se tenía claro que la verdadera transformación de la educación solo podía darse desde los centros escolares mismos buscando una gradual integración entre director, maestros y estudiantes, con padres de familia y otros agentes sociales de la comunidad.

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